Escribe: Ctdor: Marcelo Barotto
No deja de sorprender en nuestra ciudad, más específicamente en la aldea municipal, los transcendidos que, aseguran de buenas fuentes, existirían armados de “pymes” para lucrar con el Estado y el caso de algunos funcionarios locales son claros ejemplos de una movilidad social ascendente, exitosa desde esa arruinada perspectiva. Como dice el presidente, no es la meritocracia, si no las oportunidades que se te dan; en este caso, el Estado que te abre las puertas para espurios negocios.
Se acaba de presentar ante el Tribunal de Cuentas, la Auditoría General, el Consejo Asesor Municipal y el Concejo Deliberante, la Ejecución Presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2022.
Lo llamativo es que los datos que se presentaron fueron procesados por un sistema que habría sido desarrollado por el actual presidente de la Casa de la Moneda, el Cr. Ángel Mario Elettore, sin respetar los principios básicos de las normas contables, por ejemplo: el orden del “Objeto del Gasto”, lo cual, es un hecho grave, porque se debe cumplir con el ordenamiento presupuestario, tal cual, como lo aprobó el Concejo Deliberante. Tampoco contempla el nivel de desagregación del gasto. En definitiva, no respetan algo tan básico como el plan de cuentas.
Este profesional hace años que viene cobrando servicios en el Municipio de Villa María y, habría facturado durante el 2022, la suma de $ 1.560.000 mensuales por asesorar a la secretaria Daniela Luccarelli. Honorarios extremadamente elevados para alguien que no se le vio nunca la cara en el municipio, se desconoce qué asesora, sin embargo, cobra mucho más que el propio intendente.
Para percibir los honorarios, constituyó la firma “Ángel Mario Elettore SAS” (sociedad unipersonal) a solo efectos de eludir responsabilidades e incompatibilidades.
Desde agosto del pasado año no se publican los gastos
El asesoramiento de Elettore confluyó en la contratación de la firma TraSus (TRANSPARENCE AND SUSTINABLE DEVELOPMENT SRL), vinculada a familiares del propio Elettore, quién sería la que desarrolló el software SIGEMI, por el que venían cobrando $ 300.000 mensuales, ahora en el 2023 se elevaría a unos $ 650.000.
Recordemos que, desde agosto de 2022, el municipio dejó de publicar las compras, sin conocerse los motivos. Aparentemente el nuevo sistema, a pesar del nombre de la empresa, no sería tan transparente. Aseguran.
La contratación del nuevo sistema habría sido mediante una simple resolución. Es decir, no se llamó a licitación, tal como se hizo, cuando se concertó con la firma Jotafí.
En aquella oportunidad se establecieron una serie de requisitos que debería cumplir la proveedora de servicios, tal como quedó reflejado en el pliego de bases y condiciones.
Se fijaron condiciones desde el punto de vista económico, técnico y por sobre todo, la experiencia acreditada en el rubro.
La empresa TraSus se creó paralelamente y mientras Elettore “asesoraba” a Luccarelli, tal vez, nada de esto sea casual y todo responda a unos de los viejos sueños de la Secretaria de Economía de contar con un desarrollo de software para ofrecer a los municipios, esta vez encontró a un lobista de peso y con contactos para hacer el negocio. Recordemos, que años atrás se habría lanzado en esta aventura personal a través de la Fundación de la Universidad Nacional, pero naufragó por la falta de experiencia, de personal y del desarrollo de un software que intentó, pero nunca logró ponerlo en acción.
¿Una trampa para evitar a la Justicia?
Lo cierto, es que el municipio de Villa María estaría siendo utilizado como conejito de india, obviante a un costo nada económico y que paga la sociedad Villamariense, para el desarrollo de un dudoso sistema y a costa de un enorme retroceso en materia contable y de transparencia.
Esta situación abre un sinnúmero de interrogantes. Los cambios implementados, y pensando en el futuro, seguramente van a dificultar cualquier trabajo de auditoría que pretenda encarar la nueva gestión, cualquiera que quiera conocer el manejo económico que se hizo en la comuna dentro de los últimos años. Ante los requerimientos de información van a remitir a la búsqueda en el viejo sistema, que se quedaría sin soporte por parte del prestador Jotafí.
Los sistemas contables y presupuestario del municipio son la principal herramienta de la gestión, para contabilizar los movimientos de un presupuesto para el 2023, del orden de los 16.000.000.000 de pesos. Motivo por el cual, debe garantizar la confiabilidad y transparencia del sistema de información. Además, para que los órganos de control puedan desarrollar las tareas de auditorías y de verificación de la información. ¿Se lo podrán verificar los manejos de fondos? Tarea casi utópica.
El Concejo Deliberante ya lleva 7 balances sin su aprobación en sala; es decir, que se aprueban por el simple transcurso del tiempo (Ficta), sin su discusión por parte de los representantes del pueblo. Frente a los hechos resulta difícil que el CD apruebe los próximos. ¿A esto se lo llama transparencia?
¿Cómo y cuándo llega Elettore a tal transacción?
Sería interesante conocer los vínculos contractuales con Elettore, cuáles son los derechos y obligaciones de las partes, cuáles son las sanciones en caso de incumplimientos, si se firmaron cláusulas de confidencialidad, quiénes son los profesionales intervinientes, las especialidades en la materia, etc.
Deberían explicar cuáles serían las razones por las que se dejó de utilizar el sistema de Jotafí, que hace 25 años fue implementado y funcionó correctamente. ¿Será un intento de borrar las huellas dejadas por tantos años de usar los fondos públicos como propios? ¿Es el nacimiento de una nueva Pymes millonaria a costas de los villamarienses? o ¿Ambas cosas?