Opinion

Detectan nuevas propiedades del exsecretario de los Kirchner y ya suman más de un centenar solo en Argentina

Son nuevos datos que recibió el juez Ercolini, a cargo del caso por la fortuna del fallecido Daniel Muñoz; es un desprendimiento del caso de los Cuadernos; nuevas indagatorias

Las propiedades del fallecido Daniel Muñoz, exsecretario de los Kirchner entre 2003 y 2009 ya suman 113 inmuebles, solo en la Argentina, que incluyen dos estancias en Santa Cruz, una de ellas de 20,000 hectáreas, complejos de cabañas en Villa la Angostura, El Calafate y San Martin de los Andes, inmuebles en Rio Gallegos, edificios de cocheras, casas y departamentos en Buenos Aires, según nueva información que recibió la justicia.

Estos nuevos datos fueron recogidos por el juez federal Julián Ercolini que tiene a su cargo un desprendimiento del caso de los cuadernos de la corrupción, ya elevado a juicio oral, donde el chofer Oscar Centeno, contó como recogían coimas de empresarios en bolsos con dinero y en ocasiones lo llevaban al propio Daniel Muñoz al departamento donde vive actualmente Cristina Kirchner en la Recoleta.

Asimismo, ya se habían detectado 16 inmuebles en Miami, incluidos lujosos condominios, dos departamentos en el Plaza Hotel de Nueva York, por los que se pagaron 14 millones de dólares. Estos inmuebles fueron liquidados tras la muerte de Muñoz en 2016 y su viuda, Carolina Pochetti, con un grupo de abogados ideó la construcción de un complejo turístico en un terreno costero de 16 hectáreas en las islas paradisíacas Turcas y Caicos, para construir un inmenso resort de playa. Estuvo asesorada por Isidro Bounine, otro ex secretario de los Kirchner.

El juez Ercolini, que quedó a cargo de esta causa tras la muerte de Claudio Bonadio, recibió nueva información sobre la trazabilidad del dinero usado para la compra de los inmuebles en la Argentina y las inversiones en Turcas y Caicos y citó nuevamente a prestar declaración indagatoria el 2 de febrero al contador de los Kirchner, Víctor Manzanares como el diseñador de parte de esta ingeniería financiera, que permitió a un personaje de cuna humilde y limitado como Muñoz, invertir mas de 70 millones de dólares en el extranjero en fideicomisos y sociedades offshore y adquirir en la Argentina estos 113 inmuebles.

La lista de propiedades, autos, maquinas viales, camiones, pickups, camionetas importadas , autos de alta gama hoteles, terrenos, departamentos, cabañas, y estancias ocupa 209 páginas tamaño A4, cuerpo 12.

La justicia sospecha que estos fondos no eran una “mexicaneada” de Muñoz, sino que el secretario adjunto luego secretario privado del Presidente de la Nación, y luego asesor presidencial con cargo y jerarquía de secretario, podía ser el testaferro de alguien más.

Estos nuevos datos fueron recogidos por el juez federal Julián Ercolini que tiene a su cargo un desprendimiento del caso de los cuadernos de la corrupción

A la lista de indagados por la incorporación de estas nuevas operaciones inmobiliarias, se suman otros imputados ya elevados a juicio oral y nuevos acusados. La lista completa de los indagados es la siguiente: Elizabeth Ortiz Municoy, dedicada a los negocios inmobiliarios; Ricardo Fabián Barreiro, conocido como el jardinero de los Kirchner por cuidar la residencia de los gobernadores en El Calafate; Roberto Néstor Sosa; Carolina Pochetti, mujer de Muñoz; Carlos Temístocles Cortez, ya elevado a juicio; Jorge Isaac Shemi, ligado a las nuevas propiedades investigadas; Amílcar Héctor Acosta; Miriam Barrenechea Isla; Ernesto Antonio Candotti; Karina La Porta y el empresario Gustavo Sergio Dorf. Las indagatorias concluirán el 9 de febrero.

Manzanares, actualmente en libertad, sin tobillera electrónica, se mostró sorprendido por esta nueva citación indagatoria, dijo su abogado Roberto Herrera a LA NACION sobre todo porque en esta causa declaró como “arrepentido” y el mismo aportó datos que permitieron detectar estas propiedades.

Estos son solo una parte de los nuevos imputados, ya que hay otro grupo de personas investigadas con relación a estas nuevas propiedades que serán indagadas a futuro. En esta causa está imputado el abogado canadiense Peter Michael Karam, de Turcas y Caicos, que fue quien fue asesor en las inversiones playeras. Se mandó a traducir la documentación para su defensa.

El juez Ercolini al describir los hechos por los cuales llamó a estas nuevas indagatorias mencionó que son un desprendimiento de la causa de los cuadernos donde “se logró acreditar la existencia de una organización criminal que desde las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de la Nación y del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en el período que va del 25 de mayo de 2003 al 9 de diciembre de 2015, diseñaron un mecanismo para recaudar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilícitamente y además destinarlo a la comisión de otros delitos”.

Una parte de ese dinero proveniente de los ilícitos perpetrados por aquella asociación ilícita “fue recibido” por Héctor Daniel Muñoz. Esos fondos fueron puestos en circulación en el mercado, en la Argentina como en el exterior, para aparentar un origen legal. En esas maniobras el juez dijo que participaron Muñoz y el resto de los imputados elevados a juicio en este tramo de la causa y que ellos “habrían intervenido, de diversos modos, en la realización de transacciones comerciales, entre las que se destacan la constitución de empresas y la compra de bienes muebles e inmuebles, tanto a nivel nacional como internacional, operaciones que en algunos casos no se condicen con su capacidad económica”.

Las inversiones en Argentina
Parte del dinero de Muñoz fue invertido en la Argentina, en la conformación de un entramado de sociedades y en inversiones realizadas por esas firmas o por personas de su círculo, sobre todo inmobiliarias. En muchas de esas operaciones hay un notorio incremento entre los valores declarados al momento de comprar y aquellos por los que fueron vendidos o se mencionó que las operaciones se hacían en efectivo.

El desarrollo de una parte de las inversiones de Muñoz, a nivel local, fue ejecutado por el contador de los Kirchner, Manzanares, que en esta etapa es descripto como el asesor financiero que le permitió la ingeniería local para hacerse de las propiedades e incluso protegerlas cuando estuvieron en riesgo al publicarse los Panamá Papers.

Manzanares, siguiendo instrucciones de Muñoz, constituyó en 2006 Madaco, una sociedad donde se puso como Presidente, Franco Daniel Muñoz, (hijo de Muñoz) como Vicepresidente y Victoriano Manzanares como Director Suplente (padre de Manzanares). De esa firma se aumentó a 4.350.000 dólares el capital social con el saldo de las cuentas de los socios y en 2012 se aprobó su primera distribución a los socios por 2 millones de dólares. Se extrajeron 850.000 dólares para pagar dividendos a Manzanares y su padre (USD 425.000 a cada uno).

Con esa empresa, cuyas acciones terminaron a nombre de Muñoz y su mujer Carolina Pochetti, se compraron innumerables inmuebles en la ciudad de Buenos Aires. Estos son solo algunos: Andonaegui 2966/68/70, dos departamentos con cochera; Salvador María del Carril 3744/3746 por USD 380.000; un departamento en Franklin D. Roosevelt 1560 por USD 35.000 en efectivo en el acto, se vendió en USD 100.000 poco después; un departamento en Av. Doctor Rómulo S. Naón 2334/2336, por USD 25.000 y vendido en US$ 66.000; cocheras , un inmueble en Dr. Pedro Ignacio Rivera 5761/5769 en USD 75.000; un inmueble en Bauness 2523/2525 de esta ciudad por un monto abonado en efectivo en el acto de USD 210.000 y vendido en USD 1.270.000. Se compraron también departamentos en la calle Florida 664/668/670/672, planta baja y entre piso, de la “Galería de la Flor” en USD 80.000 abonados en efectivo en el acto. Se compró además una casa en Concordia 1016, esquina Juan B. Justo, pagada en USD 49.000 en efectivo.

Los inmuebles se repitieron en Río Gallegos, donde se compraron casas, lotes y departamentos, en Villa la Angostura, donde la plata de Muñoz sirvió para adquirir un complejo de cabañas, lo mismo en San Martín de los Andes.

Con Madaco, Manzanares compró la estancia ganadera “La Lucía”, en la zona norte Río Santa Cruz de 20.000 hectáreas que figura escriturada en USD 150.000, de los que USD 25.000 fueron entregados en efectivo en el acto, y los USD 125.000 restantes a pagar en una cuota. Por la propiedad, Daniel Muñoz habría abonado en verdad entre USD 450.000 y USD 500.000. Un instrumento privado consigna que la venta se efectuó en unos USD 643.000, más del cuádruple del precio de compra.

Lo mismo ocurrió con la estancia “El Rodeo” en el Departamento III de Rio Santa Cruz, Zona Norte de 6712 hectáreas adquirida en 2011 por Víctor Manzanares en un monto declarado de USD 150.000 (aunque en verdad Daniel Muñoz habría abonado unos USD 460.000).

Asimismo se compraron chalets en Río Gallegos y una casa en Mar de las Pampas adquirida según figura en 130.00 dólares y vendida en 800.000 dólares (seis veces el monto de la inversión realizada poco más de dos años antes).

Además, Madaco de Manzanares, pero en verdad de Muñoz, se registró como titular de una coupé Porsche “Carrera 2, 1995 adquirida en unos USD 25.700 y vendido en USD 40.000. Compró Manzanares la firma Mann que convirtió en MM Servicios y ya con Muñoz en la empresa, construyó un edificio de departamentos en Río Gallegos con una inversión real de USD 1.300.000. Juntos Muñoz y Manzanares compraron la empresa Cayuqueo, enrolada en el rubro de cocheras y garajes ubicados en Buenos Aires. Había departamentos con cocheras en Pedro Ignacio Rivera 5761 y garajes comerciales en Malabia 1741 y Amenábar 1934/1936 de Palermo.

Muñoz, el secretario de Kirchner, tenía chofer, era Fausto Alejandro Machado. Se convirtió en empresario. Se vinculó con la organización por intermedio del jardinero de los Kirchner, Ricardo Barreiro y fue contratado como empelado por Madaco. Machado manejaba camiones, pickups y Mercedes descapotables como el SLK 350 Roadster. Machado creó dos sociedades Lampu SRL, y Lanpu SA (sic) dedicadas al sector inmobiliario. Ambas pasarían a ser titulares de una gran número de bienes muebles e inmuebles.

Las inversiones se multiplicaron en una empresa de transportes, una cadena de farmacias, una firma dedicada a la provisión de equipamiento médico de alta, media y baja complejidad, insumos y servicio técnico de esos equipos a hospitales de Santa Cruz.

La citación a indagatoria, consigna que en una fecha no especificada, por la noche, Muñoz y Manzanares, conducidos por el chofer Machado en un Volkswagen “Passat” color gris, se encontraron con Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte condenado por corrupción, en 25 de Mayo y Rivadavia, de la city porteña, cerca de la Casa Rosada. Allí Jaime “entregó a Muñoz un bolso con dinero. Al día siguiente, Manzanares y Muñoz habrían dejado el dinero en el departamento de la calle Uruguay, tras estacionar sobre la calle Juncal”. Es donde vive Cristina Kirchner.

Las propiedades en Estados Unidos
Cuando se publicaron los Panamá Papers y se conocieron los beneficiarios de sociedades offshore, los inversionistas entraron en desbandada. En la Argentina, tras la muerte de Muñoz, y para proteger los estacionamientos de las calles Amenábar y Malabia, diseñaron una operación de compraventa simulada por USD 300.000, con usufructo en favor de una empresa de la que los escribanos eran presidentes. La organización tenía en el exterior, en Miami y Estados Unidos 14 propiedades. Allí los acusados formaron 16 sociedades para movilizar dinero y hacer inversiones.

Los inmuebles de Estados Unidos son un departamentos en 900 Biscayne Boulevard, Unit 403 de Miami, Florida, otro 10275 Collins Avenue, Unit 229 (HarbourHouseCondo), Miami, Florida; otro en 485 Brickel Avenue, Unit 2805 (Icon Brickel Condominium), Miami, Florida; la unidad 1608 del The Plaza Hotel 768 5th Avenue, Nueva York, adquirido por USD 1.850.000; la unidad 607 del Plaza, comprado en USD 13.050.000; el departamento de 9705 Collins Avenue, Unit 1603 N/Bal Harbor South Condo-St Regis, Miami, adquirida en USD 4.000.000; el inmueble de 1177 SW 8th Street, Miami, pagado USD 12.120.000, el departamento de 3951 South Ocean Drive, Unit 1002 (Apogee Beach Condominium), Hollywood, Florida, adquirido en USD 3.800.000; el departamento de 485 Brickel Avenue, Unit 1607 (Icon Brickel Condominium), Miami, Florida, la Unit 23, Regalia Condominium, 19575 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, Miami-Dade, Florida, adquirido en USD 10.700.000, el inmueble de 9005 Biscayne Boulevard, Miami Shores, Florida adquirido en USD 5.555.600; el inmueble de 14995 SW 88th Street, Miami, Florida adquirido en USD 6.975.000; el inmueble de 2100 East Atlantic Boulevard, Pompano Beach, Miami, Florida, adquirido en USD 5.802.100; el inmueble de 16051 Collins Avenue, Unit 2303 (Turnberry Ocean Colony North Tower Condominium), Sunny Isles Beach, Miami-Dade, Florida, adquirido por en USD 3.600.000 y la unidad 912 de 485 Brickel Avenue, Unit 912 (Icon Brickel Condominium) adquirido por USD 380.000.

A partir del 2015 y tras la publicación de los Panamá Papers en 2016, se inició un proceso destinado a desarmar la estructura societaria e inmobiliaria en los Estados Unidos, se vendieron los inmuebles, se disolvieron las sociedades y el dinero se recondujo a otras jurisdicciones del exterior.

Se incorporó a la asociación Jorge Isidro Baltazar Bounine, otro ex secretario de los Kirchner, según el requerimiento de Ercolini. Además se sumaron Juan Manuel Campillo, ex funcionario del kirchnerismo, y un grupo de abogados y profesionales extranjeros que asesoraron en las inversiones en Turcas y Caicos y hoy están en la lista de indagados a futuro. Este grupo compro siete inmuebles en Miami.

A Bounine se le imputa haber sido una de las personas que asesoraba a Muñoz y a Pochetti en la reconducción de los fondos ilícitos. Bounine habría participado en reuniones, en la casa del matrimonio, en las que se decidió el destino de los fondos cuando tomó estado público la información proveniente de los “Panama Papers” en abril de 2016. Bounine fue quien contactó a Juan Manuel Campillo para que participe en la disolución de las sociedades creadas en el exterior y le entregó por su trabajo al menos EUR 200.000 en su casa en Tigre. Además Bounine habría sido una de las personas que ocultaba dinero entregado por Muñoz. El abogado Miguel Plo, uno de los incorporados a la organización está acusado de contactarse con estudios en Estados Unidos, cambiar la integración de las sociedades y tras reunirse con esos abogados con Pochetti en Miami y en México, sacar el dinero hacia fuera de los Estados Unidos.

Como parte de esa reconducción de los fondos ilícitos fuera de los Estados Unidos, se decidió constituir varias firmas off shore en las Islas Turcos y Caicos para poder colocar e invertir los activos. Dos abogados locales viajaron a la Argentina en 2016 y se entrevistaron en las oficinas del Estudio Plo con Carolina Pochetti, Miguel Plo, María Jesús Plo entre otros y se analizó la creación de nuevas off shore, su radicación en las islas y el posible destino de las inversiones.

Allí entró un amigo mexicano, Isaac Eugenio Esparza Hildago, detenido ahora y con pedido de extradición efectuado por el juez Ercolini. El mexicano actuó como testaferro de los bienes de Muñoz y puso a su nombre las sociedades controlantes que tenían en el exterior en Islas Vírgenes y dcs sociedades en las Islas Turcas y Caicos.

Como no podía justificar el dinero para adquirir esas sociedades lo colocaron como fideicomisario para dirigir los negocios de las empresas en Turcas y Caicos. De allí que el paquete accionario de las sociedades en las Islas Turcas y Caicos pasara a esparza Hildago, in trust y no como dueño, pese a que en las Islas Vírgenes Británicas estaba registrado como propietario de las firmas que adquirieron las empresas de Carolina Pochetti.

El objetivo del plan de inversión en la isla era la creación de un complejo turístico, inmobiliario y hotelero, de nombre Six Senses Resort, previo obtener la aprobación del gobierno local pues se trataba de un área protegida. Se compraron cuatro terrenos de cuatro hectáreas de superficie cada uno para la construcción del complejo pero no habría prosperado la construcción del complejo hotelero.

La justicia cuenta con nuevos documentos que llegaron por exhorto diplomático para realizar la trazabilidad del dinero y pudo reconstruir la compleja operación financiera en la que mediaron sociedades y bancos con pagos de 12 millones de dólares, que se cree que provienen de la liquidación de los inmuebles en los Estados Unidos.

Por: Hernán Cappiello, La Nación

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