En una nueva arremetida del Gobierno nacional contra las conquistas en materia de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia de la Nación emitió un comunicado este miércoles, a través del cual dio a conocer que el 11 de agosto pondrá a disposición de «los Fiscales Federales» un edificio de más de 5.000 m2, ubicado en el ex centro clandestino de detención, torturas y exterminio ex ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada).
El edificio al que hacen referencia es el que supo ocupar el ex Casino de Oficiales y que actualmente está destinado al Museo Sitio de Memoria Esma: uno de los espacios de memoria y Derechos Humanos más importantes del país; ubicado en el corazón mismo del mayor centro clandestino de detención, torturas y exterminio del país, por el cual pasaron más de cinco mil detenidos desaparecidos por la última dictadura.
El comunicado oficial, retomando el discurso negacionista del terrorismo de Estado y estigmatizante de las conquistas de derechos en materia de Memoria, Verdad y Justicia, expresó que este inmueble fue anteriormente destinado a «programas ideológicos y actividades político partidarias«.
Según anunció el Gobierno, el espacio físico en el que funcionaba la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en la que vienen trabajando diversos organismos, será utilizado para «fortalecer la infraestructura judicial y contribuir de forma directa a la lucha contra la inseguridad«.
«Nuestra decisión se enmarca en le mandato del presidente Javier Milei de eliminar gastos innecesarios, achicar el Estado y redirigir los recursos existentes hacia lo que verdaderamente importa: una Justicia rápida, eficaz y al servicio de los argentinos», expresa con un tono provocador el mensaje oficial.
Y concluye, ligando esta decisión profundamente ideológica a un presunto compromiso asumido con los jueces y fiscales para brindarles «todas las herramientas necesarias para que puedan meter presos a los delincuentes».
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denuncian que el Gobierno proyecta el despido del 80% del personal de la Secretaría de Derechos Humanos.
En tanto, en estos días se conoció y generó fuerte repudio que el Museo Sitio ex ESMA y el Archivo Nacional de la Memoria pasarán a depender del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH); mientras que se encuentra en peligro también el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y los equipos de abogados querellantes que llevan adelante los juicios contra los genocidas por crímenes de lesa humanidad.
Fuente: La Nueva Mañana