La diputada nacional por Córdoba, Gabriela Brouwer de Konning, presentó un proyecto de ley que busca derogar las jubilaciones y beneficios otorgados a la curia religiosa, específicamente a los obispos y arzobispos, así como la ayuda económica a los seminaristas y el pago de la curia castrense. Este planteo ha generado un importante debate en torno al vínculo entre el Estado y la Iglesia Católica en Argentina.
En su propuesta, Brouwer de Konning argumenta que, si bien en 2018 los obispos optaron por renunciar gradualmente a los beneficios previsionales, la ley que les otorga estas jubilaciones nunca fue derogada. La diputada considera que el Estado debe alejarse de las prácticas vinculadas a una confesión religiosa en particular, al tiempo que subraya su derecho a profesar la fe católica.
“Creo que el Estado debe respetar la diversidad de cultos y no dar prioridad a uno sobre otros. La religión debe ser un asunto privado, y no puede haber privilegios o ventajas económicas para una religión en particular”, afirmó Brouwer de Konning en declaraciones públicas. Según la diputada, el mantenimiento de estos beneficios favorece a la Iglesia Católica por encima de otras religiones y creencias, lo que no se ajusta a los principios de igualdad y laicidad que deben regir en un Estado democrático.
El proyecto de ley busca, por lo tanto, poner fin a un régimen de privilegios que, según la diputada, perpetúa una relación desigual entre el Estado y la Iglesia. De acuerdo con Brouwer de Konning, la medida no está en contra de la fe católica, sino en defensa de la separación entre la Iglesia y el Estado, un principio fundamental para la convivencia en una sociedad diversa.
Este planteamiento se produce en un contexto de creciente discusión sobre el financiamiento de las iglesias y las relaciones de poder entre las instituciones religiosas y el Estado. A pesar de que la renuncia parcial de los obispos a los beneficios previsionales en 2018 fue un paso hacia la reducción de la influencia de la Iglesia, la legisladora considera que aún persisten prácticas que favorecen a esta institución, lo que, en su opinión, no contribuye a la igualdad religiosa.
El proyecto de Brouwer de Konning se suma a un debate más amplio sobre cómo se debe estructurar el vínculo entre el Estado y las instituciones religiosas en Argentina, un tema que sigue siendo relevante en la agenda pública del país.