Este lunes se llevó adelante el paro nacional docente en defensa de la educación pública, convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). La Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) adhirió a la medida de fuerza y el gremio evaluó al final de la jornada que en la provincia de Córdoba tuvo un acatamiento del 80% en las escuelas públicas y privadas.
La huelga en todo el país se llevó adelante por la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, la restitución del FONID, la Paritaria Nacional Docente, la defensa de la jubilación docente y el rechazo a la Ley de Libertad Educativa.
Roberto Cristalli, secretario General de la UEPC, estuvo presente encabezando una delegación del gremio en la marcha hacia el Ministerio de Economía de la Nación. “El paro tiene un altísimo acatamiento en todo el país. Estamos reclamando la recuperación de la paritaria nacional y del FONID, una nueva Ley de Financiamiento Educativo, presupuesto para las universidades y fondos para las cajas no transferidas a las provincias”, sostuvo el dirigente.
Contra el «apriete a los las y los docentes»
En relación a la intención del Gobierno nacional de realizar inspecciones en las escuelas, Cristalli sostuvo: “Dejen de apretar a las y los docentes. No vamos a claudicar en que la educación no es un servicio esencial y vamos a hacer valer nuestro derecho a la protesta”.
En esta capital, miembros de la Junta Ejecutiva Central y de las delegaciones marcharon en horas de la mañana hasta la Plaza España, donde se realizó un acto y se leyó el documento elaborado por el sindicato. En la oportunidad, la secretaria Adjunta de UEPC, Eli Vidal, declaró: “Estamos visibilizando en Córdoba la jornada nacional de protesta. En este momento de ajuste y de desfinanciamiento seguimos de pie y reafirmando que vamos defender con uñas y dientes la educación pública”.
Durante la jornada, el gremio docente difundió un duro comunicado contra el Ministerio de Capital Humano de la Nación, cuestionando el anuncio de inspecciones en establecimientos educativos para controlar el cumplimiento del régimen de «servicio esencial» durante la huelga y sostuvo que esa decisión constituye «un grave intento de restringir el ejercicio del derecho de huelga», garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y por convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Fuente: La Nueva Mañana