La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) designó a los dos conjueces que se sumarán al debate por la derogación de la Ley de Tierras, y apura los plazos para resolver el conflicto contra el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023.
El máximo tribunal de justicia anunció que Diego Barroetaveña, miembros de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, resultaron elegidos para definir la cuestión.
Además, decidieron acortar a 24 horas el plazo para que dicha integración quede consentida “en atención a las particulares circunstancias de la causa”.
La Corte Suprema convocó a los dos conjueces para destrabar el conflicto, luego de que sus tres miembros no alcanzaran la unanimidad para definir la validez del artículo 154 del DNU 70/23 que deroga la Ley de Tierras.
El reclamo se originó tras una demanda de la Asociación Civil Árbol de Pie, que demandó que la normativa impulsada por el Gobierno Nacional es inconstitucional y debe ser declarada nula.
La entidad manifestó que la derogación afecta al medioambiente, a la protección del territorio y los recursos naturales, y también a los derechos colectivos de los pueblos originarios.
La presentación inicial se realizó en diciembre de 2023 ante la Justicia Federal de Bariloche, pero luego fue derivada a la Cámara Federal de La Plata, donde tampoco se trató el fondo del planteo. Ahora, se espera que la Corte Suprema defina la cuestión.
El máximo tribunal toma esta decisión luego de haber rechazado un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim La Plata), por considerar que la organización de veteranas y veteranos no cuenta con la legitimación para promover este reclamo soberano y que no había una controversia a resolver.
Dicha decisión le valió una suma de amplias críticas por parte de la comunidad, al habilitar la posibilidad de que extranjeros puedan adquirir de forma ilimitada territorios del país.
Fuente: NA