Rocío Gómez tenía 25 años cuando fue asesinada frente a sus tres hijas en su vivienda ubicada en Santa María de Punilla. El acusado por el crimen es su expareja Maximiliano Baudraco, quien estaba cumpliendo una condena en modalidad condicional por “coacción y amenazas”. Daniela Morales Leanza, la abogada de Miriam Palacios, la mamá de la víctima, advierte que hubo fallas en las medidas que debían garantizar su seguridad.
«Rocío y su mamá denunciaron al acusado», dice la defensora que acaba de presentar la solicitud para ser querellante y acceder a la causa. Luego de una reunión con la fiscal de Cosquín Silvana Pen, la letrada reconoce que la Justicia estaba al tanto de la situación de violencia.
En diálogo con La Nueva Mañana, Morales Leanza confirma que durante la investigación, que derivó en la sentencia contra Baudraco, se acumularon al menos dos denuncias de la mujer. Incluso autoridades judiciales le entregaron un botón antipánico. Sin embargo, la sentencia, dictada por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje, no reconoce estos hechos de violencia de género. El fallo dispuso dos años y dos meses de prisión que el hombre cumplía en su casa.
«Se han acumulado varios hechos que no se le dieron trámite, entre ellas denuncias de Rocío, donde se había impartido la directiva de imputado por lesiones leves calificadas. Es decir, que esa Fiscalía que tramitaba la coacción tendría que haber valorado la situación de otra manera», comenta.
Lo que la Justicia no vio
El proceso judicial comenzó en septiembre de 2023, cuando Miriam Placios decidió acudir la Policía para exponer una supuesta amenaza de Maximiliano. «Le dijo que si se metía le iba a quemar la casa», detalla la abogada. En ese contexto, según Morales Leanza, la investigación debió estar abocada a dilucidar en qué contexto surgió esa amenaza. Aparentemente, habría sido una de las tantas veces que la madre de Rocío trató de defenderla de los golpes de su pareja.
En 2024, mientras avanzaba el caso bajo la carátula de «coacción», Rocío se acerca a la comisaría y realiza una denuncia. En ese momento a él lo detuvieron y recuperó la libertad horas después. A ella le entregaron un botón antipánico.
«Hay un informe de la valoración de la situación en el expediente que considera: de mediar contacto entre Gómez y Baudraco existen altas probabilidades de que susciten hechos que ponga en riesgo la integridad psicofísica de la señora», explicita la abogada.
La defensora argumenta que hubo otras instancias en donde Gómez pidió ayuda, pero que «por el propio círculo de la violencia», cuando le pedían ratificar la declaración no se presentaba. Aún así, hubo indicios de que la mujer se encontraba en una relación que ponía en peligro su vida y hay expedientes que lo ratifican.
El 20 de julio de 2025 Rocío fue asesinada a puñaladas. Tres niñas, de 9, 6 y 2 años, se quedaron sin mamá y siguen su vida con una abuela que busca justicia.
Los informes del Patronato del Liberado en tela de juicio
Daniela Morales Leanza analiza los controles que debían realizarle a Baudraco en el marco del cumplimiento de su condena. La abogada señala que hay un fuerte indicio de que el Patronato del Liberado no elevó a tiempo los informes que indicaran las reiteradas infracciones del ahora acusado de femicidio.
Según declaraciones públicas de Patricia Corvalán, titular de la institución, el hombre nunca empezó el tratamiento psicológico que le habían asignado y tampoco cumplió con las tareas comunitarias.
La letrada denuncia una aparente falta de acción del organismo estatal que debe elevar la evaluación de conducta al Juzgado de Ejecución Penal, a cargo del juez Moyano Centeno.
«Todo indica que el juez recibió los informes cuando Rocío ya estaba muerta. Parecería que no fueron enviados antes», comenta.
Fuente: La Nueva Mañana