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El sector de discapacidad tras la media sanción de Diputados: «La lucha continúa»

Tras la media sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Discapacidad que envió el gobierno de Javier Milei y que para su aprobación fue enriquecido con numerosas demandas de la oposición que estaban incluidas en la Ley de Emergencia, el colectivo de discapacidad de Córdoba agradeció a las diputadas y diputados cordobeses que defendieron la voluntad del sector en la Cámara Baja y advirtió «la lucha continúa» para combatir el ajuste contra la discapacidad que está previsto en el proyecto de Presupuesto 2027 que Javier Milei envió al Congreso para su evaluación.

Cabe destacar que de los nueve votos negativos al proyecto que obtuvo media sanción en Diputados, ocho corresponden a los seis diputados cordobeses de Provincias Unidas (Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo) y a Natalia De La Sota (Defendamos Córdoba) y Gabriela Estévez (Unión por la Patria).

Dicho voto respondió expresamente al pedido de las organizaciones del colectivo de discapacidad de Córdoba. Incluso Basualdo leyó en su alocución en la Cámara un comunicado que habían firmado la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, la Federación Converger, la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI), la Cámara de Prestadores de Discapacidad (Capredis) y el Colectivo 3 de Diciembre.

«Quienes conformamos el colectivo de discapacidad de Córdoba, las personas con discapacidad, sus familias, Profesionales, transportistas y organizaciones queremos manifestar nuestro profundo agradecimiento a los Diputados por Córdoba que con su voto respetaron la voluntad del sector, y el acuerdo sostenido con nuestras organizaciones», expresaron dichas organizaciones, tras la sesión de Diputados.
Asimismo, destacaron que durante el debate para la prórroga de la Ley de Emergencia tuvieron «una participación protagónica y responsable», en consonancia con los principios básicos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Posterior a la sesión de Diputados, el colectivo remarcó que el sector continúa en la emergencia en la que se estuvo desde antes de contar con una ley que la nombre: «Seguiremos en emergencia hasta tanto el Gobierno Nacional no implemente las medidas imprescindibles para paliarla«.
Y concluyó que «la lucha continúa», en particular contra el proyecto de Ley de Presupuesto que envió el Ejecutivo al Congreso y que «en total contradicción con el dictamen que hoy tiene media sanción, insiste con el ajuste en discapacidad«.
Remarcó finalmente que el posicionamiento crítico se mantiene «contra un gobierno que nunca se rectificó ni en sus políticas de abandono, ni en sus insultos«, y exigiendo que «esta vez sí disponga de los recursos que el colectivo necesita imperiosamente hace tres años».

«Una ley superadora para una emergencia que persiste»

Paralelamente, el Foro Permanente Para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nuclea a organizaciones del sector de todo el país, consideraron que el proyecto que obtuvo media sanción en Diputados es «un paso importantísimo, fruto de la lucha, la presión y la organización del colectivo de la discapacidad«.

Destacaron que en la previa de la sesión de la Cámara Baja «el dictamen de mayoría del oficialismo carecía de lo necesario para equiparar los derechos que había otorgado la Ley de Emergencia«, pero que al momento de la votación, «el trabajo de las organizaciones logró que se escucharan los reclamos y el diálogo entre distintos bloques legislativos permitió alcanzar un acuerdo que incorpora demandas fundamentales».

Hacia adelante, el Foro destacó que «aún falta la aprobación del Senado y queda mucho por resolver»; y remarcó que la emergencia no está superada: «Necesitamos garantías de cumplimiento efectivo de los derechos, financiamiento adecuado, pago de las deudas con los prestadores, acceso a medicamentos y políticas y programas de atención para quienes siguen sin cobertura en distintas provincias».

Fuente: La Nueva Mañana