En una sesión que duró más de 15 horas, diputados opositores y oficialistas acordaron y le dieron media sanción a la ley de discapacidad, el proyecto de La Libertad Avanza (LLA) que se enfrentaba a la extensión de la ley de emergencia.
Bloques opositores incorporaron algunas reclamos del colectivo de discapacidad y decidieron apoyar la propuesta.
Con 237 votos positivos, nueve negativos y cuatro abstenciones, y la iniciativa fue girada al Senado, donde se espera un tratamiento en el corto plazo.
El dictamen de mayoría, denominado «Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad», que el oficialismo acordó con el presidente del bloque de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, toma en cuenta algunos puntos del esquema de beneficios plasmados en la ley 27.793 sobre Discapacidad pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad, convirtiéndola en una norma de orden público, con efectos permanentes, que exceden los gobiernos de turno.
Algunos cambios en el proyecto
Lo que se mantiene de la ley de emergencia es, por ejemplo, la compatibilidad entre el goce de una pensión contributiva por discapacidad (70% del haber jubilatorio mínimo) para titulares del CUD y tener un empleo formal o monotributo, siempre y cuando los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles.
Además se mantiene el principio de nomenclador único, se ratifica la indexación automática periódica de los aranceles de las prestaciones por el índice de movilidad jubilatoria (atado al IPC), y se garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para quienes tengan la pensión por discapacidad.
En cuanto al financiamiento, se establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior en términos reales al ejercicio fiscal del año anterior.
Por otro lado, se crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Y se incorporó a pedido de aliados una cláusula transitoria que exige un cronograma para el pago de las compensaciones atrasadas a prestadores, con un plazo máximo de 30 días para la reglamentación del PEN.
Durante toda la jornada, los referentes de Unión por la Patria se juntaron durante horas con representantes de colectivos de discapacidad para discutir con ellos la posibilidad de confluir con el oficialismo en el dictamen de mayoría en lugar de seguir aferrándose a la prórroga de la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2027.
Fuente: NA
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