Desde la mañana, numerosas columnas se movilizaron por el centro cordobés para confluir frente al Patio Olmos, en un acto que reúne a gremios, movimientos sociales y espacios vinculados a la cultura, la ciencia, la diversidad de género, la defensa del ambiente y los derechos humanos.
De esta manera, Córdoba sumó su voz al paro general nacional, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Según primeras informaciones de los organizadores, la movilización contra Javier Milei y sus políticas de ajuste y vaciamiento del Estado, reunió a casi 50 mil personas.
Desde temprano llegaron el Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
También estuvieron Luz y Fuerza, el sindicato de docentes privados (Sadop), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Atacc (personal de call centers), la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (Cispren), Judiciales y el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (Suoem).
Participaron además las trabajadoras y trabajadores de la televisión (Satsaid), el gremio de canillitas, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (Adiuc), el Sindicato del Personal de Casas de Familia (Sinpecaf).
Paralelamente, otros sectores gremiales, sociales, de la cultura, la ciencia, los Derechos Humanos se movilizaron desde diferentes puntos de la ciudad.
La avenida Veléz Sarsfield estuvo totalmente cortada, como así también su continuación General Paz, por donde marcharon organizaciones de izquierda. En la Plaza de la Intendencia se convocó el Cordobazo Cultural, la Asamblea Transferminista de Córdoba y también organizaciones ambientales.
Participaron también de la concentración Inquilinos de Córdoba y la asamblea disidente.
El paro rechazó el mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 de desregulación y ajuste económico, y la ley de “Bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos” (conocida como «ley ómnibus»), cuyo dictamen de mayoría logró aprobación esta madrugada en plenario de comisiones de Diputados y se someterá a votación en ambas cámaras del Congreso.
Otro sector de la CGT cordobesa, la Regional (o normalizada, como se presenta), concentró a las 15 horas. El abandono de tareas fue a las 12 y marcharon hacia la esquina de Larrañaga y avenida Hipólito Yrigoyen.
A las 14:30 cantaron el Himno Nacional Argentino y luego leyeron un escrito con los puntos claves del paro.
Acto seguido, tomó la palabra Abel Furlán, secretario de Interior y secretario general de la UOM, y al igual que Cortelletti, dijo que la medida de fuerza fue “un éxito en todo el país”.
“Nunca un presidente en tan poquitos días impulsó tantas medidas salvajes”, cuestionó Furlán para justificar los motivos del paro a pocos días de la asunción de Milei. “No gobierna el presidente, gobiernan las corporaciones que hicieron este DNU”, sentenció.
“Sobran los motivos”
Las primeras medidas adoptadas por el flamante Gobierno, incluyeron una devaluación de casi el 120%, la reducción de subsidios a la energía y el transporte, la no renovación de contratos en el Estado nacional, la derogación de la ley de Alquileres y el freno de la obra pública.
La medida de fuerza en Córdoba, fue avalada por un plenario multisectorial realizado el pasado 16 de enero en la Casa Histórica del Movimiento Obrero, definiéndose la consigna «La patria no se vende». Allí se escuchó a un dirigente defender la decisión del paro y movilización: “Sobran los motivos para salir a la calle”.
Y es que las consecuencias para las grandes mayorías de tan brutal inicio de gestión del presidente Javier Milei ya comienzan a sentirse, en especial por el desenfrenado aumento de los precios de los alimentos y servicios básicos como el transporte.
Después de los primeros anuncios del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, que incluyeron una devaluación de casi el 120 por ciento, vino el decreto de necesidad y urgencia (DNU) N° 70/23, anunciado por el Presidente por cadena nacional el 20 de diciembre, y cuya legitimidad jurídica es cuestionada.
“Se trata de un DNU de 366 artículos que pretende borrar o reformar, masivamente, más de setenta leyes, en un claro intento de evitar al Poder Legislativo. La nulidad absoluta del decreto presidencial se da de pleno derecho y se produce en el nacimiento mismo del acto porque va en contra la Constitución Nacional”, escribió en este medio el constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe.
Al DNU se sumó el envío al Congreso de un proyecto de “ley Ómnibus”, cuyo nombre oficial es ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que fue tratada en las comisiones de la Cámara de Diputados desde el 9 de enero y que, tras reclamos de legisladores por varias de las medidas que incluía la iniciativa del Ejecutivo, se eliminaron más de 100 artículos, confiando el oficialismo que el próximo jueves sea tratada en el recinto.
Un repaso por los puntos del DNU vinculados a la reforma laboral que propone: contempla la eliminación de la ultraactividad (fin de los convenios colectivos); la extensión del período de prueba; la habilitación de un sistema privado de capitalización para financiar las indemnizaciones; la eliminación de multas por empleo no registrado y la limitación del derecho de huelga en buena parte de los sectores laborales.
Como en otros momentos de la historia argentina, la dirigencia gremial sostiene que la aplicación de estos planes de ajuste ultraliberales, lejos de generar más empleo y contribuir a que mayor número de trabajadores y trabajadoras pasen a registrados reduciendo el creciente trabajo “en negro”, sólo conducen a «la destrucción de la industria nacional, la pérdida de puestos de trabajo, la precarización generalizada y una baja sustancial del salario».
Fuente: La Nueva Mañana
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