Revés para el vaciamiento. La Justicia Federal falló en favor de las y los trabajadores y dejó sin efecto las modificaciones a la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) establecidas en el Decreto 462/25, impulsado a principios de julio por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.
Luego de una apelación por parte del gremio ATE, la Justicia le dio la razón y frenó las modificaciones: «El Juzgado Federal Civil Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín falló a favor del sindicato y ordena al Gobierno que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que derive de la aplicación del decreto 462/25», indicó a través de las redes sociales el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
Además, el titular del gremio disparó contra los decretos de Milei y las facultades delegadas de las que se valió para avanzar con el desguace de distintos organismos estatales: «Usted se propone aniquilar la industria y la producción, pero no va poder».
«Uno por uno vamos a voltear tus decretos truchos», puntualizó Aguiar y resaltó que «luchar sirve».
El DNU Publicado previo al vencimiento de las facultades extraordinarias de Milei, establecía una reestructuración de varios organismos, incluyendo el INTI, que estaba previsto que pasara a depender de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. La medida implicaba una pérdida de autonomía para el INTI, que funciona como un organismo autárquico y puso en riesgo la continuidad de muchas fuentes de trabajo.
La situación generó distintas protestas y manifestaciones por parte de los trabajadores, quienes denunciaron el desmantelamiento del organismo y sostuvieron que la medida responde a una lógica de ajuste y no a una preocupación por el desarrollo de la industria nacional.
En Córdoba, de aplicarse el DNU se verían afectadas las sedes de Río Cuarto, Bell Ville, Capilla del Monte, Villa Carlos Paz y Cruz del Eje, donde trabajan unos 74 trabajadores entre profesionales, técnicos y administrativos.
El falló a favor del reclamo de ATE ordena al Gobierno que se abstenga de ejecutar actos administrativos que deriven en la aplicación del decreto.
En el pedido a la Justicia, el gremio ATE habló del rol clave que cumple el INTI en el desarrollo del sector productivo argentino. Y sobre todo el estado de los trabajadores que se encuentran dentro del «régimen de estabilidad laboral» que dice que «no pueden ser exonerados sin un debido proceso administrativo».
En la fallo, la Justicia ordenó, hacer lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada por ATE. Es decir, que no se aplique el decreto previamente mencionado y estableció la vigencia de esta medida por el término de seis meses.
Fuente: La Nueva Mañana