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Tambalean los procesos judiciales en Perú por falta de colaboración de Odebrecht

Los procesos judiciales a los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, la líder opositora Keiko Fujimori y otros importantes políticos de Perú quedaron en un grave riesgo, ante la posición de la constructora brasileña Odebrecht de no colaborar más.

La Fiscalía peruana ya inició gestiones ante la Procuraduría de Brasil para que fuerce a Odebrecht, ahora llamada Novonor, a que cumpla los acuerdos de cooperación establecidos y entregue en los procesos orales las pruebas y los testimonios que se consideran determinantes.

Por ahora se ignora si el exCEO Marcelo Odebrecht y el exrepresentante en Perú Jorge Barata testificarán esta semana contra Humala y su esposa, Nadine Heredia, en el proceso más avanzado.

Penalistas peruanos coinciden en que sin colaboración de Novonor difícilmente prosperarán los juicios a Toledo, Humala, Kuczynski, Fujimori, la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, cuatro exjefes del gabinete ministerial, cuatro exgobernadores de departamentos y varias personas más.

“Tantos años investigando para que al final no haya nada”, lamentó ante reporteros el experto abogado Mario Amoretti, quien dio por descontado que ante la nueva situación las defensas pedirán que los casos se archiven.

El tema, que se desarrollaba normalmente con cooperación de Odebrecht, dio un giro inesperado la semana pasada, cuando la constructora, piedra angular en todos los casos, le pidió a la Procuraduría de Brasil que deje los acuerdos sin efecto.

Odebrecht argumenta que la Fiscalía peruana rompió los pactos al permitir que las pruebas y los testimonios aportados se voltearan en contra de la propia constructora, pese a que estaba previsto que solo apuntarían contra los peruanos implicados.

Como supuesta evidencia, la compañía mencionó el caso de un proceso de arbitraje que la enfrenta con la Municipalidad de Lima, dentro del cual fue testigo el coordinador de la investigación por parte de la Fiscalía, Rafael Vela, quien supuestamente entregó información reservada.

“La ley de defensa jurídica del Estado me obliga como funcionario público a participar en un proceso de arbitraje cuando el Estado me requiere; no puedo decir que no, porque me destituyen”, explicó Vela en el portal de investigación periodística Convoca.

“Además, en el acuerdo de colaboración eficaz claramente está definido qué se puede hacer y qué no, y nosotros lo hemos respetado escrupulosamente”, agregó.

Odebrecht reconoció en 2016 que pagó sobornos en 12 países de América y África a políticos y funcionarios a cambio de que se le concedieran obras o tuvieran consideración con la compañía.

En Perú, uno de los países que más rápido abrió investigaciones fiscales, los testimonios y las pruebas aportados por la constructora en el marco de un acuerdo de cooperación permitieron cercar a cuatro expresidentes, incluido Alan García (2006-11), quien se suicidó en 2019, cuando estaba en riego de ir a prisión.

Humala (2011-16) fue señalado por Marcelo Odebrecht y Barata como supuesto receptor, junto con Heredia, de tres millones de dólares como aporte no declarado para la campaña proselitista.

La Fiscalía pide 20 años de cárcel para Humala y 26 para Heredia por el lavado de activos que supuestamente desplegaron para limpiar ese dinero.

El exmandatario, cuyo caso es el más avanzado por la fecha de inicio, pasó ya varios meses en prisión preventiva, mientras la exprimera dama sigue bajo arresto domiciliario.

Aunque la pareja también es acusada de recibir otros aportes no declarados, como uno supuestamente entregado por el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez, el tema que más la compromete es el de Novonor, por la fortaleza de los testimonios que tendrían que ratificarse en el juicio oral.

Toledo, entretanto, es acusado de recibir 35 millones de dólares en su gobierno (2001-06) a cambio de adjudicar obras. El exmandatario está en Estados Unidos a la espera de que se resuelva un pedido de extradición de la Justicia peruana.

También espera el proceso Kuczuynski (2016-18), quien incluso estuvo varios meses en arresto domiciliario por el señalamiento de que en el gobierno de Toledo, en el que fue jefe de gabinete y ministro de Economía, colaboró con Odebrecht a través de consultoras de su propiedad.

A García, cuyo caso se cerró por la muerte, se le imputaba haber recibido dinero de la firma brasileña a través de su secretario, Luis Nava. El expresidente, al igual que todos los acusados por nexos con la gigante de la construcción, negó siempre los cargos.

Otro caso emblemático es el de Fujimori, candidata de derecha derrotada por mínimas diferencias en las elecciones de 2011, 2016 y 2021. Según los testimonios, la ahora líder principal de la oposición al presidente Pedro Castillo recibió al menos 1,2 millones de dólares de Odebrecht como aporte de campaña.

Según la Fiscalía, Fujimori, para la que pide 30 años de prisión y quien ya estuvo en la cárcel en forma preventiva por más de un año, montó una “organización criminal” para lavar el dinero no declarado de Odebrecht y otras fuentes. El caso compromete a todo el partido Fuerza Popular.

Villarán, líder de izquierda que llegó a la alcaldía de Lima en 2011, estuvo ya varios meses en prisión preventiva por supuestamente aceptar que Odebrecht le financiara una campaña. Otro exalcalde capitalino, Luis Castañeda, murió por cáncer cuando las pruebas contra él eran muy comprometedoras.

Los presuntos vínculos con la constructora también tienen en aprietos a la excandidata presidencial Lourdes Flores, referente de la derecha y hoy una de las más activas impulsoras de movilizaciones contra Castillo.

La lista sigue con los exjefes de gabinete Fernando Zavala, Yehude Simon, René Cornejo y César Villanueva, los exgobernadores Jorge Acurio (Cusco), Nery Saldarriaga (Lambayeque), César Álvarez (Áncash) y Félix Moreno (Callao), el congresista José Luna, el exfiscal general Pedro Chávarry y cinco exministros, entre otros.

Todos esos casos podrían derrumbarse como naipes si Novonor no coopera, por lo que los esfuerzos de la Fiscalía para impedir que ello ocurra están bajo la mirada pública.

Fuente: Telam

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