Escribe: Miguel Andreis – “La aniquilación”; Los ADN de la complicidad histórica…
Argentina es un país extraño. De parábolas y metáforas trágicas. De crímenes históricos e impunidades sin tiempos. No hace muchos días se los fotografió en una imagen tomada desde varios metros. Estaban en la Quinta de Olivos, abrazándose el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, un activo denunciador mientras estaba en Diputados de la Nación, contra toda acción que generara el Presidente Mauricio Macri. Motivo que Alberto Fernández, es decir CFK, lo propuso para la secretaría de DDHH. El citado es hijo de desaparecidos y el nieto número 75 de los recuperados por Abuelas. Ambos progenitores formaban parte de la lucha armada. Esto podría no significar demasiado si no fuera porque la historia de uno y otro se choca en la sangre derramada… Sangre de la que nadie quiere hacerse cargo.
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En el medio quedan vivencias y genocidios expresamente guardados para el olvido colectivo. El Terrorismo de Estado, sus responsables, los números innecesariamente multiplicados, nombres que luego se volvieron “democráticos”. Sin dudas que lo más bizarro y degradante de la política fue una constante de los años setenta, algo estirados.
Una Presidente como María Stella Martínez de Perón, casi una pintura de la nada, para peor, guiada por uno de los sátrapas más violentos que habitaron la Casa Rosada: José López Rega. El fallecimiento de Juan Domingo Perón en 1974, acelera un proceso de descomposición que aún perdura. Precisamente fue ella la que ofició de disparador con su primer Decreto de Aniquilamiento. Se lo estaban pidiendo la junta de uniformados. Es que las Tres AAA, creación de su padre celestial, José López Rega, que ya en el 74, su grupo parapolicial- Paramilitar, habían masacrado casi cuatrocientas personas. La cifra continúo creciendo. La gran mayoría de estos criminales luego pasaron a ser gente de tareas de las tres fuerzas armadas.
Tanto Montoneros como ERP, con su conducción ideológica, el PRT, también actuaban a punta de fusiles. Difícilmente pasara un día sin que las portadas de los diarios hablaran de un enfrentamiento. Combate del que no participaba la sociedad. EL ERP, ya en 1974, desde los montes tucumanos apuntaba a la utopía de conseguir un territorio libre y autónomo. Entre esas serranías se llevaron a cabo cruentos combates. La muerte cambiada de colores con los uniformes.
El decreto abrió una frontera de violencia donde ya nada volvió a ser igual. Aunque esto no se quiera reconocer, los grupos armados, para entonces habían perdido gran capacidad de Fuego y de convocatoria. Estiman que para entonces no superaban los 6 mil combatientes.
No hay un decreto sino cuatro que aluden al aniquilamiento expuesto por el Ejecutivo Nacional. Aún Gobierno constitucional peronista (1975). La síntesis del mismo indicaba: «para neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos». El primero llevaba la rúbrica de la Presidente Maria Estela Martínez de Perón, que de vice asumió el cargo de su esposo, al fallecer Juan Domingo Perón. La acompañan los firmantes integrantes de su gobierno, Alberto L. Rocamora (ministro del Interior e interino de Justicia), Oscar Ivanissevich (ministro de Educación), Alberto J. Vignes (ministro de Relaciones Exteriores y Culto), Adolfo M. Savino (ministro de Defensa), José López Rega (ministro de Bienestar Social), Alfredo Gómez Morales (ministro de Economía) y Ricardo Otero (ministro de Trabajo).
La violencia armada cada vez se volvía más cruenta. Dijeron después que la idea era darles aspectos legales para que frenaran o combatieran el accionar insurreccional. El ERP con la compañía Ramón Rosa Jiménez tenía un tercio de la provincia bajo su potestad. Se apuntaba que dicho territorio fuera reconocido internacionalmente como liberado…
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En una segunda imagen tomada a la tardecita en la Quinta de Olivos, se podía seguir avistando que el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero continuaba dialogando amablemente con Pietragalla
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Lo ordenado por la mandataria sumaba al frente del combate a la Policía Federal, que dependerá del Ejército. Piden que se le extienda la capacidad de maniobras a todo el territorio nacional.
Al frente de los uniformados ubican al teniente general Acdel Vilas, posteriormente lo reemplaza Antonio Domingo Bussi. Luego juzgado y condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en la provincia de Tucumán.
Otro decreto
En 1975 las luchas se volvían cada vez más atroces. De un lado y otro. Dan por muertas, especialmente por las Tres A, unas 336 personas. Las FAA, les aseguraban protección a estas fuerzas parapoliciales. Un informe de la CONADEP expuso un documento con 359 desaparecidos hasta el momento.
Mientras tanto los generales Jorge Rafael Videla y Roberto Viola iban consolidando el golpe que darían el 24 de marzo de 1976. Mientras tanto luego de una movilización multitudinaria de trabajadores y ciudadanos comunes contra López Rega, se logra que éste huya del país.
El 3 de septiembre de 1975, por decreto 3130/1975 se designa comandante del Ejército al Sr. Jorge Rafael Videla. La presidente María Estela Martínez, débil políticamente pide licencia. Asume interinamente la primera magistratura el Presidente del Senado Ítalo Lúder. Lo que pudo verse rápidamente es que el gabinete de Lúder tenía tres piezas fundamentales, Videla, Massera y Fautario.
Los ataques subversivos iban cobrando víctimas uniformados. En un solo atentado se perdieron 30 vidas. Lo que hizo que todas las fuerzas políticas condenaran el accionar bélico. Solos unos pocos ponían la misma vehemencia para objetar los latrocinios de las tres fuerzas. Lúder llamó a sus ministros y dictaron los decretos 2770/75, el 2771/75 y 2772/75, dándole a las fuerzas armadas lo que ellas pedían, el libre accionar en todo el territorio nacional: “neutralizar o aniquilar…”. El Operativo Independencia se multiplicaba en geografías.
El decreto número 2770 creaba dos Consejos:
El Consejo de Seguridad Interna, encabezado por el Presidente e integrado por los ministros y los tres jefes militares volcaron toda su logista de “esfuerzos para la lucha contra la subversión”.
El decreto 2772 le ordenaba a las Fuerzas Armadas, bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, la ejecución de las operaciones militares. Aquí aparecen los firmantes que hasta el momento no se conocían. Además de Ítalo Lúder emergen nombres como los de Manuel Araúz Castex, Tomás Vottero, Carlos Emery, Carlos Ruckauf, Antonio Cafiero y Angel Federico Robledo. Casi todos ellos, principales referentes del peronismo y, hasta algunos, posteriormente candidatos y altos funcionarios “democráticos”.
¿Cómo se supo?
Tanto el decreto 261 del 5 de febrero, como el 2772, de octubre, fueron conocidos públicamente recién el 24 de septiembre de 1983, cuando los publicara el Diario La Prensa, de Buenos Aires en la fecha aludida, en su página 4.
Vale un repaso
El historiador Marcelo Borrelli ha explicado que los decretos obedecían a la visión del «bloque civil que pedía una represión ‘ordenada’ y ‘legal’, pero dura y efectiva. Esta visión se alineaba con la opinión de sectores civiles que planteaban que la única forma de terminar tanto con la violencia guerrillera como con la represión paramilitar de ‘bandas de ultraderecha’ era poniéndola en las manos ‘legales’ de las Fuerzas Armadas. Así, se terminaría con la ‘anarquía’ y se pondría fin a la deriva violenta a través de una fuerza perteneciente al propio Estado».
Los decretos, bajo una perspectiva políticamente más “correcta” se hicieron efectivamente bajo el efecto de desplazar la acción parapolicial de la Triple A, que prácticamente desapareció en el primer trimestre de 1976 y cuyos miembros serán integrados en los grupos de tareas que realizaron la represión clandestina durante la dictadura militar. Pero también sirvieron de «paraguas» para que se consolidaran los grupos cívico-militares que ya estaban planeando el golpe de Estado y para que las Fuerzas Armadas aumentaran la cantidad de operaciones realizadas fuera de la ley
La definición de que Argentina ya estaba en disposición de guerra se transformó en el ideal de darles las armas y razones constitucionales a la dictadura, justificando así, desde la legalidad, el terrorismo de Estado.
Repetimos. Los militares contaban con los cuatro decretos firmados por Maria Estella, Lúder, Ruckauf, Angel Federico Robledo, y, por último, entre otros, Antonio Cafiero…
Las preguntas que olvidamos
Pietragalla es hijo de desaparecidos, fue apropiado y luego restituido por las Abuelas de Plaza de Mayo. Se convirtió en 2003 en el nieto número 75 que el organismo de derechos humanos restituyó a su familia biológica. Hijo de Horacio «Chacho» Pietragalla, quien fue asesinado en Córdoba por la Triple A, y Liliana Corti, fue muerta el 4 de agosto de 1976 en la localidad de Villa Adelina, por grupos de tareas de la dictadura militar
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Santiago Cafiero, nacido en San Isidro en 1979, hijo de Juan Pablo Cafiero, ministro de Desarrollo Social de la Nación durante la presidencia de Fernando de la Rúa, y María Luisa Bianchi, ahora jefe del Gabinete Presidencial. Es también nieto del histórico dirigente peronista Antonio Cafiero, gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1987 y 1991 y jefe del gabinete de ministros de Argentina entre 2001 y 2002. Cargo que obtiene a través de las urnas…
No puedo dejar de pensar mientras miro la imagen de ambos funcionarios nacionales. Tampoco dejar de interrogarme, por ejemplo, que respondería Santiago si su interlocutor le consultase: ¿Nunca le preguntaste a tu abuelo Antonio el por qué firmó los tres decretos de aniquilamientos con los que los militares mataron a mis padres!?
O también si Santiago lo interpelase con ¿¡Por qué a tus padres se les dio por formar parte de una revolución armada en pleno sistema democrático!?
Lo concreto es que ni uno ni otro, se supone con la misma matriz ideológica, ni quienes se identificaron con la misma, asumen una historia de sangre de un ADN del que jamás nadie y, mucho menos el peronismo se hicieron cargo…
Vale preguntarse cuánto sirve una democracia como en la que estamos inmersos, ni quienes firmaron aquellos emblemáticos “decretos de aniquilamiento”, con miles de muertes y desapariciones por el terrorismo de estado, ni quienes se lanzaron a la aventura bélica en pleno gobierno democrática y nadie, absolutamente nadie se atreva a una autocrítica. Ni siquiera la hicimos como sociedad ya que terminamos votando a varios socios de los genocidas que firmaron aquel acto de “aniquilamiento”, y que a través del voto popular fueron electos por el dictamen de las urnas, entre otros el Gobernador de Buenos Aires entre 1987- 1991, Antonio Cafiero. También Carlos Ruckauf… y tantos más. ¿¡El peronismo nada qué decir!?
(Datos extraídos de Wikipedia. «decretos de aniquilamiento»)