Durante la sesión de este jueves 8 de octubre, el concejal Manu Sosa cuestionó duramente al Ejecutivo Municipal por impulsar la aprobación apresurada de convenios millonarios, sin brindar la información ni el tiempo necesario para ejercer un verdadero control sobre los recursos de los vecinos.
Los cuestionamientos estuvieron centrados en tres iniciativas: el convenio con la Cooperativa La Sustentable, la residencia estudiantil Casa del Estudiante y el financiamiento de la obra de Colectora Norte.
“El Ejecutivo tiene meses para negociar, firma los convenios y después pretende que nosotros los aprobemos en cuestión de horas. Nuestro trabajo no es confiar en lo que nos dicen los funcionarios, es controlar lo que hacen con la plata de los vecinos”, sostuvo Manu.
LA SUSTENTABLE: UN AUMENTO DEL 96% Y MILLONES SIN JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL SUFIECIENTE.
Uno de los cuestionamientos más fuertes estuvo dirigido al nuevo convenio con la Cooperativa La Sustentable, cuyo canon mensual pasa de $8.830.000 a $17.300.000, un incremento cercano al 96%, frente a una inflación aproximada del 33% en el mismo período.
Manu advirtió que, actualizado por inflación, el contrato anterior representaría unos $11,8 millones mensuales. La diferencia con el nuevo convenio es de aproximadamente $5,5 millones por mes, equivalentes a $66 millones anuales, mientras que la cantidad mínima de trabajadores exigida continúa siendo de siete personas.
Durante la sesión, funcionarios municipales atribuyeron parte del incremento a nuevos servicios, entre ellos tareas de gomería por aproximadamente cinco millones de pesos mensuales.
Sin embargo, el concejal señaló que en las órdenes de pago examinadas del último año no aparecen pagos identificados por ese servicio, aunque se presentaron actas que darían cuenta de su prestación.
“La pregunta es muy simple: ¿esos servicios se pagaron o no? Si se pagaron, ¿dónde están las órdenes de pago y la intervención del Tribunal de Cuentas? Y si no se pagaron, ¿cómo justifican ahora incorporar 60 millones de pesos anuales por esas tareas?”, cuestionó.
También advirtió que se identificaron casi $14 millones en reparaciones de maquinaria facturadas por separado, mientras que el nuevo convenio continúa excluyendo determinadas reparaciones y tareas de mantenimiento.
A esto se suma que, según la constancia de ARCA examinada, la cooperativa no registra la actividad de reparación, pese a existir pagos municipales por trabajos sobre maquinaria pesada.
Manu cuestionó además que el Ejecutivo no haya entregado formalmente el estudio de costos, la nómina de trabajadores, la póliza de seguro ni el Anexo II mencionado en el propio convenio.
“Sabían desde hacía más de un año que el contrato vencía. Tuvieron tiempo para presentar toda la documentación y no lo hicieron. Ahora pretenden que aprobemos un convenio que casi duplica su valor, con explicaciones de palabra y sin los respaldos necesarios. La plata de los vecinos no se administra así”, expresó.
Por estas razones, Manu fundamentó su voto negativo al convenio, aclarando que sus cuestionamientos están dirigidos a la administración municipal y no al trabajo de los cooperativistas.
CASA DEL ESTUDIANTE: EL MUNICIPIO ASUME GARANTÍAS SIN LÍMITE DE MONTO
Respecto de la residencia estudiantil, Sosa manifestó su acompañamiento a la iniciativa, recordando que él mismo presentó un proyecto para avanzar en una política pública de alojamiento para estudiantes.
Sin embargo, advirtió sobre las condiciones económicas y jurídicas del convenio.
La Municipalidad aportará casi $7 millones mensuales de alquiler, más de $165 millones durante dos años antes de las actualizaciones, y además asumirá el carácter de fiadora solidaria y principal pagadora, sin límite de monto.
Esto implica que el Municipio podría responder directamente ante incumplimientos de ENRED, incluyendo alquileres, intereses, daños y penalidades.
Manu también cuestionó que, pese a financiar el 50% del alquiler, Villa María tenga previstas solamente hasta diez plazas sobre un total de sesenta, sujetas a disponibilidad, sin contar todavía con todos los criterios de selección ni con un presupuesto integral de funcionamiento.
“Estoy a favor de que Villa María tenga una residencia estudiantil. Pero una buena iniciativa no justifica firmar cualquier contrato. Estamos poniendo los recursos de todos los vecinos como garantía y tenemos la obligación de saber cuáles son los riesgos y quién va a responder por ellos”, señaló.
El concejal acompañó la ratificación por el valor social del proyecto, dejando expresas sus observaciones y anticipando pedidos de información y seguimiento sobre su ejecución.
COLECTORA NORTE: MANU ACOMPAÑÓ LA PRIMERA LECTURA, PERO EXIGIÓ INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS ANTES DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA
Finalmente, Manu acompañó con su voto favorable la primera lectura del proyecto de Colectora Norte, al considerar que se trata de una obra necesaria para mejorar la seguridad vial y ordenar el tránsito pesado en ese sector de la ciudad.
Sin embargo, advirtió que el convenio de 165 páginas compromete recursos municipales hasta 2033, mediante obligaciones expresadas en más de un millón de Unidades Fijas vinculadas al precio del combustible, con la coparticipación municipal como garantía y un mecanismo de retención automática.
Además, señaló que el Ejecutivo prevé recuperar los fondos mediante contribución por mejoras, lo que podría trasladar parte del costo de la obra a los vecinos frentistas.
“Acompañamos esta primera lectura porque Villa María necesita la obra, pero nuestro voto favorable no significa renunciar al control. Antes de la aprobación definitiva queremos conocer los costos, las obligaciones que asumirá el Municipio y cuánto podrían terminar pagando los vecinos. Una obra necesaria también tiene que hacerse con transparencia y escuchando a quienes serán afectados”, expresó.
En ese sentido, Manu reclamó que, antes del tratamiento en segunda lectura, el Ejecutivo remita la documentación económica y técnica pendiente, incluyendo el detalle de los frentistas alcanzados, los montos estimados de contribución por mejoras, las adhesiones existentes y las posibles afectaciones sobre accesos, desagües y arbolado.
Asimismo, consideró fundamental convocar a una audiencia pública para escuchar a los vecinos involucrados, garantizando que puedan conocer el proyecto y expresar sus inquietudes antes de su aprobación definitiva.
“Nuestro voto favorable en primera lectura es acompañar una obra que consideramos necesaria, pero exigir que antes de la segunda lectura estén todos los números sobre la mesa y que los vecinos sean escuchados. Queremos que la obra se haga, pero que se haga bien, con información, transparencia y participación”, concluyó.