El proyecto de reforma laboral avanza en el Congreso, en medio de cuestionamiento de diversos sectores, a los que se suman las personas detenidas que trabajan mientras cumplen su condena. El Gobierno espera que este viernes, la Cámara alta culmine el tratamiento con la aprobación de la desregulación.
La iniciativa oficialista, elaborada a la medida de las grandes empresas y multinacionales, recibió amplios rechazos de sectores gremiales, que advirtieron la pérdida de derechos. En los últimos días, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT), destacó que la norma, de ser aprobada, ingresará a las cárceles para modificar el régimen de trabajo de internas e internos que se encuentran cumpliendo una condena.
La eliminación de la remuneración de la labor de las y los presos y la vía libre para determinar la cantidad de horas destinadas a dicha actividad, son solo algunos de los cambios que pretende establecer el Gobierno. “Propone la esclavitud”, manifestó a este medio Josefina Ignacio, comisionada del organismo que monitorea las condiciones carcelarias.
La reforma laboral intramuros
El texto que la gestión de Javier Milei denominó “modernización laboral”, propone en su artículo 217 la derogación de dos puntos de la ley 24.660 Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Ambos regulan el trabajo de internos e internas.
El artículo 117 dispone que jornadas de labor, horarios, medidas preventivas de higiene y seguridad, atenderán a las exigencias técnicas y a las normas establecidas en la legislación inherente al trabajo libre. El 107, entre otras cosas, establece que las tareas laborales deberán ser remuneradas y deben respetar la legislación de seguridad social vigente.
Con la exclusión de estos apartados, se corrompe el espíritu original de la ley 24.660, que señala al trabajo -y al estudio- como un pilar fundamental de la reinserción social. Incluso podría revertirse absolutamente ese objetivo y empezar a utilizarse como una herramienta de castigo.
El CNPT detalló que las modificaciones resultan incompatibles con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos aplicables a la materia, entrando en contradicción con la Reglas Mandela. En una carta, le solicitó a las y los legisladores que rechacen la norma, subrayando que no hubo una discusión sobre el tema y, además, no estaba previsto en la convocatoria a las sesiones extraordinarias.
«Esto repercute en el contexto libre»
«La Ley de Ejecución de la Pena señala al trabajo y a la educación como herramientas claves para que las personas privada de la libertad puedan organizar un proyecto de vida y no se vuelvan a cometer delitos«, manifestó Josefina Ignacio.
La comisionada del CNPT desarrolló que toda situación carcelaria «repercute en en contexto en libertad», argumentando que «no es lo mismo que la gente salga de la cárcel con un oficio, a que salga sin ningún tipo de incentivo de reinserción».
«Está absolutamente relacionada la seguridad o la inseguridad con lo que pasa en la cárcel. Si no generamos las condiciones para que las y los detenidos puedan reflexionar y cambiar los hábitos o la malas acciones que los llevaron a estar presos difícilmente cuando vuelvan a la comunidad y cambien su forma de vida», se explayó la comisionada.
La profesional explicó que hay preocupación por la futura repercusión en los penales: «Puede genera problemas que deriven en huelgas o protestas o situaciones violentas en la cárcel tanto para las personas privadas de la libertad como para los para el trabajador penitenciario», afirmó.
Cómo funciona el trabajo carcelario
Actualmente los trabajos que se pueden realizar durante la reclusión son variados y funcionan de forma desigual en cada provincia. Hay espacios de encierro donde fábricas montan una parte de su producción, otras con pequeños talleres y, en la gran mayoría, se realizan labores denominados popularmente «fajina», como limpiar, cocinar, o tareas de jardinería.
Ignacio indicó en diálogo con La Nueva Mañana que el régimen laboral cumple un rol durante la condena: ayuda a reducir tensiones y fragmentar el tiempo.
Del total de personas alojadas en el Servicio Penitenciario Federal, más del 66% realiza algún tipo de trabajo y el 83% de quienes perciben la remuneración le envían el dinero a su familia, según los datos de Procuración Penitenciaria de la Nación.
En Córdoba la situación es diferente. Los datos del informe anual del Sistema Nacional de Estadística Sobre Ejecución de la Pena de 2024 -el último disponible- señalan que de un total de 13.947 de presos y presas en la provincia, 10.627 nunca pudieron participar de algún programa de capacitación laboral (76%). Solo 3.300 personas detenidas lograron ser parte de una experiencia laboral mientras cumplían la condena (24%).
Fuente: La Nueva Mañana