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La misión de la OEA prepara la llegada al Perú en medio de fuego cruzado

La misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que examinará la crisis política en el Perú llegará el 20 de noviembre, en medio de un intenso debate sobre sus alcances para ayudar a resolver el entrampamiento generado por los choques entre el Gobierno y la oposición.

La fecha de arribo fue confirmada este jueves por el canciller del Perú, César Landa, quien agregó que la delegación, formada por colegas suyos de cinco países y dos vicecancilleres, permanecerá en el país por lo menos dos días.

Mientras portavoces del Gobierno presentan al envío de la misión como un triunfo y la oposición más dura cuestiona la “intromisión”, los expertos coinciden en que, al no tener el foro continental mandato vinculante, lo único que podrá hacer es tratar de acercar a las partes.

“¿Qué si creo que la OEA va a resolver la crisis política peruana? La respuesta es no”, comentó en el diario La República el experto en temas internacionales Farid Kahhat, para quien el trabajo de los visitantes debe apuntar a que las “partes se pongan de acuerdo acerca de las reglas”.

El canciller Santiago Cafiero y sus pares de Belice, Eamon Courtney; Ecuador, Juan Carlos Holguín; Guatemala, Mario Búcaro, y Paraguay, Julio César Arriola, así como los viceministros Laura Gil, de Colombia, y Christian Guillermet, de Costa Rica, serán los encargados de revisar in situ la denuncia de Castillo de que está en marcha un golpe de Estado.

El embajador del Perú ante la OEA, Harold Forsyth, ya había anticipado que la agenda escapa de las manos del Perú y será establecida por la misión. De todas formas, dio por hecho que incluirá encuentros con el Gobierno, el Congreso, la Fiscalía, el Poder Judicial y representantes de la sociedad civil.

Castillo acudió a la OEA para que active para el Perú la Carta Democrática Interamericana. Según el presidente, la oposición quiere sacarlo irregularmente con ayuda de la Fiscalía, que presentó una denuncia constitucional contra el mandatario por supuestos hechos de corrupción.

El canciller Santiago Cafiero es uno de los encargados de revisar in situ la denuncia de Castillo

El canciller Santiago Cafiero es uno de los encargados de revisar in situ la denuncia de Castillo

La Carta, adoptada en 2001 por la OEA por iniciativa de un Perú que salía de 10 años de gobierno autoritario de Alberto Fujimori, tiene mecanismos no vinculantes para la intervención del foro americano en países en que esté en riesgo la democracia.

“De lo que se trata aquí no es que venga la OEA, haga un informe y nos diga lo que tenemos que hacer. Eso no es lo que prevé la Carta, no sería aceptable”, dijo el excanciller Diego García Sayán, en una entrevista con el portal La Mula.

“Las personas que integran esta misión tienen un enorme reto, porque no se trata de venir, tomar en cuenta algunos temas y ponerlos sobre la mesa. Los buenos oficios consisten en buscar aquellos puntos en los que puede haber coincidencias”, agregó García Sayán.

En ese marco, el además expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reflexionó: “Si yo estuviera en la misión, les diría (a las partes en conflicto) que se calmen, que se focalicen en las cosas absolutamente esenciales, dentro de lo que son sus responsabilidades”.

Los expertos coinciden en que la activación de la Carta no es un logro de Castillo, pues la OEA difícilmente habría dicho que no a una solicitud así planteada por un país, pero para la oposición más radical, representada en tres partidos de derecha dura, hay un riesgo de intervencionismo del secretario general del organismo, el uruguayo Luis Almagro.

Para Francisco Tudela, que fue vicepresidente y canciller de Fujimori, se abrieron las puertas a una “intervención política, no jurídica, que va contra el principio de no intervención mientras los procesos democráticos constitucionales de un país estén funcionando normalmente”.

Kahhat dijo en ese sentido que la derecha peruana “tiene una actitud muy oportunista frente a Almagro: cuando decía que Evo Morales había dado un golpe de Estado o que no había que descartar el uso de la fuerza contra Nicolás Maduro, les gustaba. Pero ahora es inaceptable”.

“El problema es identificar a la OEA con Almagro. Quien va a definir el curso de acción es el Consejo Permanente, en el que están representados los países miembros. Almagro es una veleta que se mueve con el viento”, opinó Kahhat.

En el caso de Bolivia, el ente continental, y específicamente su secretario general, fueron acusados por varios sectores de haber sido funcionales a fuerzas golpistas contra Morales, mientras que grupos de la derecha peruana que ahora critican el “intervencionismo” aplaudían.

“Almagro no actúa por ideologías, lo hace por conveniencia personal. Fue elegido en la OEA como candidato de izquierda, pero cuando cambió la orientación de una serie de gobiernos se pasó a la extrema derecha … y como ahora hay un giro a la izquierda …”, matizó Kahhat sobre el excanciller uruguayo.

La imparcialidad de la misión en el Perú se dio por descontada por Forsyth, quien destacó que esté integrada por funcionarios de gobiernos de distinto signo ideológico. Para analistas, es irónico que la oposición descalifique a la OEA, cuando quiso utilizarla contra Castillo por un presunto fraude electoral del que no aportaron pruebas.

El Perú está en una encrucijada desde el triunfo electoral de Castillo, candidato de Perú Libre, partido que se define como marxista leninista. Incluso desde antes de la posesión, los partidos Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País iniciaron acciones para hacer abortar su mandato.

A la ofensiva contra Castillo en el Congreso, que incluye dos intentos fracasados de destituirlo por “incapacidad moral”, se sumó que la Fiscalía, en un hecho sin precedentes, planteó una denuncia constitucional contra el mandatario, la que debe ser procesada por el Legislativo.

La denuncia genera polémica porque se basa en figuras de corrupción distintas a las cuatro por las que, según la Carta Magna, se puede procesar a un mandatario en funciones: traición a la patria, cierre ilegal del Congreso, impedimento de elecciones o intervención en los organismos electorales.

Según encuestas, la ciudadanía, que en más de 70 % desaprueba al Gobierno y en más de 90 % al Congreso, pide mayoritariamente como salida unas elecciones generales anticipadas, pero el empeño de Castillo es seguir hasta 2026 y el de la oposición es sacarlo sin cambiar al Parlamento.

Diversos analistas advierten además que la crisis viene desde antes, específicamente desde 2016, cuando fuerzas de derecha comenzaron a utilizar al Congreso para atacar a los presidentes, logrando incluso la destitución de Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y Martín Vizcarra en 2020, por lo que se requieren soluciones más amplias en el sistema que mezcla elementos de presidencialismo y parlamentarismo.

De Cafiero, Courtney, Holguín, Búcaro, Arriola, Gil y Guillermet se descuenta que estarán bajo el lente de un país muy polarizado, desesperanzado y ávido de soluciones para una crisis política que se refleja ya en la cotidianeidad por los efectos económicos.

Fuente: Telam

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