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La IGJ dispuso la “fiscalización estatal” de Caputo Hermanos y le impuso una multa

La Inspección General de Justicia (IGJ) dispuso este lunes la “fiscalización estatal limitada” de la sociedad Caputo Hermanos S.A, le impuso un plazo de cinco días hábiles para que dé a conocer sus libros comerciales y le aplicó una multa de 100.000 pesos por cada uno de los 18 años en los cuales no fueron presentados los estados contables de la compañía, del 2005 al 2022 inclusive.

Así quedó establecido en una resolución de la IGJ a la que tuvo acceso Télam, en la que se explicó que la empresa quedó bajo la lupa del organismo luego de que trascendiera una supuesta relación comercial con la carpintería de Jonathan Morel, el referente de Revolución Federal, ahora investigado por la justicia, en el marco de una causa por presunta incitación a la violencia.

En la resolución firmada por el Inspector General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, estableció “disponer la fiscalización estatal limitada de la sociedad Caputo Hermanos S.A por parte de esta IGJ conforme los términos del artículo 301 inciso 2º de la ley 19550”.

En el tercer punto, se resuelve, aplicar una multa a la sociedad y a sus directores en forma solidaria de cien mil pesos por cada uno de los estados contables ejercicios finalizados cuya presentación se omitió realizar ante el organismo de control y se puntualizó que eso ocurrió cada año desde el 2005 a la fecha.

“Desde su misma constitución, acaecida en el año 2004, esto es, hace más de 18 años, la sociedad Caputo Hermanos S.A jamás presentó sus estados contables a esta Inspección General de Justicia”, se señaló en la resolución.

También la IGJ remarcó que “solo inscribió sus autoridades originales en el año 2004, el directorio electo en los años 2005 y 2015 (quince años después) y 2021, incumpliendo con dicha registración los años 2007, 2010, 2013 y 2018”.

Caputo Hermanos S.A está además bajo investigación judicial en el marco de una causa penal: el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a instancias del fiscal Gerardo Pollicita, dispuso la semana pasada el allanamiento de sus oficinas en la causa en la que se investiga a distintos referentes del espacio conocido como Revolución Federal.

El vocero de ese espacio, Morel, y otros tres integrantes de Revolución Federal están detenidos y acusados de haber incitado a la violencia colectiva e intentado imponer sus ideas y combatir las de otros por medio de la fuerza e infundiendo temor: una de sus consignas era la de “perseguir kirchneristas”.

Fue en ese expediente que se detectó que Caputo Hermanos, a través de dos fideicomisos, había contratado a la carpintería de Morel y le había transferido sumas millonarias en pesos: lo que la justicia investiga ahora es si ese dinero fue destinado a muebles o si sirvió para financiar a Revolución Federal.

En la resolución emitida este lunes por la IGJ se señaló que “desde su misma constitución, la sociedad Caputo Humanos S.A no registró nunca sus estados contables en esta IGJ y el pago de las tasas anuales de inspección sólo fueron abonadas desde los años 2005 al 2008, sin abonar tasas posteriores”.

Por ese motivo, se explicó “la sociedad Caputo Hermanos S.A fue incluida por este organismo dentro del listado de las ‘sociedades inactivas'”.

En ese contexto, y luego de que la firma quedara bajo la lupa de la justicia, el pasado 17 de octubre pasado la IGJ intentó realizar una inspección en la sede de la empresa integrada por miembros del exfuncionario del Gobierno de Juntos por el Cambio, Luis Caputo, pero no fue posible.

Según surge de la resolución, ese día personas vinculadas con la empresa “impidieron el ingreso de los inspectores al domicilio legal inscripto por lo que no se pudo realizar la visita de inspección ordenada”, aunque en el plazo establecido en el acta que se labró en esa oportunidad “se presentó el apoderado de la sociedad respondiendo parcialmente lo solicitado”.

“Si bien se exhibieron los libros legales y se acompañaron copia simple de mismos, no se exhibieron los libros contables y no se acompañaron copias”, se informó en la resolución de la IGJ, donde además se remarcó que “la sociedad adeuda la presentación en el Organismo de los estados contables y documentación relacionada desde el año de su inscripción hasta la fecha y solo acompañó copia simple de los estados contables desde el año 2016 a 2021”.

“Los de los años 2018 a 2021 no tienen la firma del presidente de la sociedad y en el año 2021 tampoco tienen firma de auditor. Si bien el Auditor, en su informe de fecha 9 de Junio de 2022, informa que los Estados Contables surgen de los registros contables llevado en sus aspectos formales de acuerdo con las normas legales, en la nota presentada por la sociedad el día 19 de Octubre de 2022, se solicita prórroga manifestando que ´la totalidad de la información contable aún no ha sido pasada en los libros contables´”, se indicó.

“En lo que respecta a las preguntas relacionadas con las registraciones y libros de los fideicomisos y de qué sociedades Flavio Caputo es presidente, el apoderado respondió que no sabe”, se describió en la resolución.

Fue precisamente a través de dos fideicomisos (Espacio Añelo y Santa Clara al Sur) que se habrían materializado los pagos que Caputo Hermanos le realizó a Morel y sus allegados, según surge del expediente judicial por el cual se encuentra detenido.

Por cuerda paralela, el último fin de semana, el juez Marcelo Martínez de Giorgi rechazó los pedidos de excarcelación formulados tanto por Morel como por los otros tres imputados en la causa que tramita ante la justicia federal: Sabrina Basile, Gastón Guerra y Leonardo Sosa.

En esa causa, la fiscalía que investiga a los cuatro detenidos de la agrupación Revolución Federal consideró que se montó un “esquema delictivo” para “imponer” ideas y “combatir las ajenas por la fuerza y el temor” y que eso sembró en la sociedad la escalada de “violencia y odio” cuyo “acto más trascendente” resultó ser el intento de homicidio de la vicepresidenta.

Al oponerse al planteo de excarcelación formulado por la defensa de Morel, el fiscal Pollicita ponderó que la agrupación que integra planeaba volver a la calle después de un mes de inactividad, luego de que el 1° de septiembre Fernando Sabag Montiel intentara asesinar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su casa.

“Pese a que Morel aseguró en su declaración indagatoria que la agrupación se disolvió y que luego del intento de homicidio a la Vicepresidente la actividad cesó, surge de las transcripciones de las escuchas telefónicas obtenidas con relación a su línea que aquel se comunicó con SOSA y ‘SABRI’, puntualmente el día 13 del corriente mes y año, con el objeto de reunir gente en la Casa Rosada”, sostuvo el fiscal.

“En particular, Morel se refirió a reunir damnificados por los K, a realizar una actividad fuerte con una consigna o lema como ‘No le tenemos miedo’ o ‘No nos van a callar’, utilizar ‘bolsas mortuorias con “sus” caras’ y decir ‘nos quieren muertos y no lo van a conseguir’, aclarando que tendrían asegurada cobertura mediática”, refirió.

De las escuchas incorporadas al expediente judicial surgió además que el propio Morel estaba empujando la nueva convocatoria: “Realmente hace un mes y medio que no hacemos nada (…) Y ahora están con todo esto. Así que claramente no hacer nada no es la solución. Hay que hacer y cada vez más fuerte”.

Fuente: Telam

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