Opinion

Impugnación masiva a escrutinio UCR (otra vez, define B. Fierro)

Oficialismo y oposición se quejan de los resultados que dio a conocer la Junta Electoral

El viernes, la Junta Electoral de la UCR, con el voto de la mayoría de la alianza Mestre-Negri, dio a conocer el escrutinio definitivo de las elecciones internas del domingo 14, pero los apoderados de ambas listas, la opositora Sumar pero también la oficialista Convergencia, apelaron la resolución ante el juez federal Ricardo Bustos Fierro.

A este paso, a Bustos Fierro le darán en Tribunales el reconocimiento al empleado del mes, porque los radicales lo han hecho trabajar intensamente para resolver las diferentes instancias de las elecciones internas.

El escrutinio de la Junta Electoral le da a Carasso el 51,5 % de los votos válidos, muy lejos del 58 % que promocionó Mario Negri el domingo por la noche, antes de los festejos, y aún del 54 % que informó la lista Convergencia unos días después. En cambio, es más aproximado al 51 % que indicó Sumar.

El escrutinio definitivo, además, tiene votos recurridos, lo cual lo convierte en provisorio, aunque en un porcentaje que no altera el resultado final. También incluye dos votos para una lista que no participó (Fuerza Renovadora).

A un día de la fecha señalada para la asunción de Marcos Carasso como presidente del Comité Central de la Provincia, y de Diego Mestre como titular del Comité Capital, entre otras autoridades, ambas listas impugnaron la resolución de la Junta Electoral, disconformes con el escrutinio definitivo. Desde las dos orillas interpretan que los rivales han sido beneficiados injustamente. Bustos Fierro fallaría hoy mismo, según se especula, y de acuerdo con la prisa que exigen estos procedimientos. De otra manera, la UCR podría caer en estado de acefalía, porque mañana vencen los mandatos de Ramón Mestre y de Pablo Romero en los comités provincial y capitalino, respectivamente.

Sumar inició su presentación con holgados elogios a Bustos Fierro, quien en varias ocasiones falló a su favor y haciendo retroceder las decisiones, algunas extrañísimas, de la Junta Electoral. “Siempre han escuchado nuestros reclamos respetuosamente ante la avanzada antidemocrática intentada por el oficialismo partidario”, señalaron los abogados de Sumar en referencia al Juzgado Electoral.

Para los sumandos, “la Junta Electoral Partidaria (su mayoría) ha sido parejita en todo el proceso electoral: un desastre de principio a fin. Y detalló: “Algunos de sus actos gravísimos: exclusión de las listas disidentes (Sumar debió recurrir ante este Juzgado para participar y Córdoba con Todos quedó excluida por la retención de apelaciones); la no recepción de impugnaciones por parte de la Secretaría Electoral para que queden firmes las resoluciones (hubo que recurrir a escribanos); tratamiento dispar entre las listas; ocultamiento de información; omisión de los procedimientos previstos por la normativa; falta de fundamentación en las resoluciones; miembros de la Junta Electoral instando a desobedecer lo dispuesto por este excelentísimo Tribunal, manifestando también que era el Tribunal quien no había verificado los recaudos del artículo 128 de la Carta Orgánica Partidaria, o a reinterpretar lo que una resolución judicial había ordenado”. “No hay dudas que esta gente ha perdido el norte”, remataron.

Después de un muy extenso relato de arbitrariedades preelectorales, los abogados de Sumar entraron de lleno a lo que sucedió el día de las elecciones.

Puntualmente, denunciaron que hubo escuelas que no abrieron pero enviaron actas, que en otros casos se cambió el lugar de votación sin informar a los afiliados y que en la seccional Catorce hubo 350 electores pero 1.500 votos, entre muchas otras irregularidades que conforman un largo trabajo.

“Se ha verificado un andamiaje por parte del oficialismo partidario tendiente a impedir que la lista Sumar acceda al poder partidario, restándole competitividad”, agregaron.

“El derecho de las minorías –precisaron-, en esta elección, se traduce por ejemplo en: avalar el cómputo de los votos indebidamente anulados de la seccional 13 de la Capital; abrir las urnas de la seccional 14 de la Capital que han sido infladas y que modifican el resultado del comicio; anular las urnas de las escuelas que no abrieron pero que aparecen como si el comicio se hubiera celebrado normalmente (Carrilobo, Santiago Temple, Ausonia); declarar la nulidad de cada mesa electoral de dos departamentos de la Provincia (San Alberto y Unión) que superan la mitad de los distritos nulos o no abiertos, considerando que no existió el distrito”.

El oficialismo de Convergencia también recurrió a la Justicia Federal. Su apoderado pidió a Bustos Fierro “ordene descontar a la alianza Sumar, guarismos o datos aritméticos que, no debieron ser cargados, incrementando la cantidad de votos, a su favor, los que no se condicen con la realidad electoral, y menos aún con la voluntad de los afiliados”.

El planteo convergente apunta a que en el departamento Tercero Arriba, donde Sumar obtuvo su victoria más amplia, en muchas mesas faltan las actas de apertura y de cierre de los comicios. “El agravio es enorme, ya que ha existido un manejo discrecional absoluto, no utilizando actas de apertura del comicio, que iban, dentro de la urna, ello demuestra que dichas actas no fueron realizadas en donde se efectúo el comicio, por contrario ha sido una elección de escritorio”, apuntó.

Convergencia carga contra la Junta que le responde porque en Punilla, según la acusación, las urnas llegaron abiertas. “No obstante ello, la Junta Electoral procedió a la carga de las actas de ese departamento, cuando debieron ser apartadas, no cargadas y luego verificadas a través de actas de fiscales, lo que no sucedió, de allí que los guarismos que alcanzan a favor de la alianza Sumar, en 980 votos, deben ser descontados de lo cargados en el escrutinio definitivo”, advirtió.

Igualmente, la alianza oficialista denunció mesas en Jesús María, otro bastión de Sumar y en otros casos puntuales, como la seccional Trece de Córdoba, donde aseguró que se aplicó un sistema de sumatorias que no está permitido.

Para Convergencia, “la expresión de la auténtica voluntad de los electores, que como bien jurídico, la ley procura proteger a través de distintas normas, se ha visto burlada y perjudicando a esta alianza, demostrando que los guarismos consignados no pertenecen realmente a la voluntad del afiliado, o por el contrario son la voluntad ilegítima e ilegal de los dirigentes afines a Sumar”. Para el oficialismo, la diferencia de 1.000 votos debe extenderse a 3.000.

Prensa GRC
Author: Prensa GRC

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