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El Tribunal Constitucional peruano se renueva con perfil conservador

Perú tiene desde esta semana un Tribunal Constitucional (TC) aun más conservador que el anterior, después de que el partido oficialista Perú Libre (PL) se uniera inesperadamente con sus acérrimos adversarios Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP) para designar seis nuevos magistrados, que los analistas temen que se opongan a avances progresistas.

Al menos tres de los nuevos integrantes del TC son conocidos por posiciones férreamente conservadoras, que podrían unirse con el único magistrado ratificado, Augusto Ferrero, para imponer su mayoría en casos claves en el tribunal de siete miembros, que da la última palabra en asuntos constitucionales y cuyos fallos son inapelables.

La designación de los jueces por parte del Congreso agravó aun más el desprestigio del Legislativo, pues además de la insólita alianza y de los nombres escogidos se usó un “secretismo” que puso la elección fuera de la mirada de la opinión pública.

Los nuevos magistrados asumieron formalmente tareas esta semana, en una ceremonia presidida por Ferrero en la que no se permitió la interacción con la prensa.

“La labor de nuestra institución será de acceso a toda persona que lo requiera. Deben tener plena confianza que estará guiada por la decencia, transparencia y acceso a la información”, aseguró sin embargo Ferrero, quien, como varios de sus flamantes compañeros, es percibido como exponente de ideas marcadamente de derecha.

Para sectores de la prensa, nunca estuvieron claros los criterios con que una comisión encabezada por José Balcázar, de PL, escogió los seis nombres, todos ellos constitucionalistas poco conocidos por la opinión pública.

Medios como el diario La República recurrieron a mecanismos legales para obligar a Balcázar a documentar el proceso, pero recibieron papeles en los que por razones no explicadas se había literalmente borrado cerca de 80 % del contenido.

Con el impulso de PL, FP y RP, el Congreso decidió además pasar directamente a votación: “Sentimos que la ciudadanía merece debates con altura y hoy ni siquiera tuvimos uno sin altura: no hubo debate”, se quejó la parlamentaria de izquierda Sigrid Bazán.

Los elegidos fueron Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez, Luz Pacheco, Manuel Monteagudo, Hélmer Domínguez y César Ochoa; aunque las críticas se centraron en los tres primeros por sus antecedentes políticos o por posturas contrarias a logros sociales recientes.

Así, los medios documentaron que Morales y Gutiérrez son muy próximos a FP, mientras que Pacheco, de la organización conservadora católica Opus Dei, ha generado polémicas por su oposición a la figura legal del feminicidio o por estar en contra de que el Estado entregue píldoras de emergencia para la planificación familiar.

“Es difícil que alguien mate a una mujer por ser mujer. La mata porque tiene celos, porque le da cólera, pero por el hecho mismo de ser mujer es muy difícil”, insistió la ahora magistrada cuando fue entrevista por los parlamentarios.

Según estiman los analistas, Morales, Gutiérrez y Pacheco se sumarán a Ferrero para formar una mayoría que se oponga a avances progresistas, además de supuestamente existir el riesgo de que fallen en función de los intereses de FP, el partido de la líder opositora Keiko Fujimori.

“Para el fujimorismo es vital controlar al TC. Después van a ir por el Jurado Nacional de Elecciones”, dijo Avelino Guillén, quien como fiscal logró la condena para el expresidente Alberto Fujimori y después fue ministro de Interior en el actual Gobierno.

Se espera que al TC lleguen como última instancia numerosos asuntos que generan debate, como, por ejemplo, el intento del Congreso de destruir la elogiada reforma en la educación universitaria, la pretensión de sectores religiosos de controlar los textos escolares para que no se hable de sexo o la obligatoriedad de la consulta previa a las comunidades para dar luz verde a proyectos mineros.

Según temen los críticos, el TC con dominio conservador podría dejar de lado la interpretación técnica de la Constitución, que es su trabajo, para privilegiar la imposición de una ideología. Uno de los magistrados salientes, Eloy Espinosa Saldaña, alertó en ese sentido sobre la necesidad de observar de cerca lo que haga el tribunal.

Para analistas como la liberal Rosa María Palacios, la incógnita que queda por resolver es qué le ofrecieron FP y RP a PL a cambio de su apoyo, si se tiene en cuenta que un TC inclinado a la derecha podría ir en contra de las aspiraciones de ese partido, que se define como marxista leninista.

De hecho, el tribunal podría ser el sepulturero definitivo de la idea bandera del oficialismo de que se convoque una Asamblea para que redacte una Constitución en reemplazo de la vigente de 1993, de la que la izquierda considera que tiene un tinte neoliberal que impide hacer reformas.

La actitud de la línea fundacional de PL provocó una ruptura en el interior, pues 10 congresistas se retiraron del partido en protesta por la coyuntural alianza con la derecha, lo que implica que ahora la bancada del colectivo solo tendrá 23 miembros -había comenzado con 37, pero antes se alejaron cuatro- y dejará de ser la primera minoría, pues FP tiene 24.

No obstante, eso no repercute por ahora en la correlación de fuerzas respecto al presidente Pedro Castillo, pues los renunciantes, en su mayoría educadores, mantienen su apoyo al mandatario y su molestia es con el fundador y jefe del partido, Vladimir Cerrón.

En la anterior composición del TC, el fujimorismo también tenía fuerte presencia con Ferrero y los magistrados Ernesto Blume y José Luis Sardón, pero a estos solían enfrentarlos Espinosa Saldaña, Marianella Ledesma y Carlos Ramos, mientras Manuel Miranda fluctuaba.

La muerte de Ramos y la llegada a la presidencia de Ferrero en lugar de Ledesma -quien ahora se declara orgullosa de haber sido “un lunar” en un tribunal conservador-, hizo que en los últimos meses los allegados a la derecha impusieran la agenda, lo que se resume en su frustrada maniobra para liberar al encarcelado Fujimori.

Al final, Fujimori siguió preso por decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), única instancia que puede corregir al TC. De hecho, ese tribunal ya dio cuenta de que recibió información sobre las presuntas irregularidades en la elección de magistrados.

“Conforme a los estándares interamericanos, todo proceso de elección de integrantes de las altas cortes debe basarse en los méritos, capacidad e integridad de los aspirantes, para no poner en riesgo su independencia”, dijo la Corte IDH mediante un comunicado.

El proceso generó en Perú más resistencias populares hacia un Congreso que, según las encuestas, es rechazado por más de 80 % de la ciudadanía y que genera polémica permanente con sus actuaciones.

Fuente: Telam

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