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Dudan de las intenciones de la fiscal en las acciones contra Castillo en Perú

Supuestos manejos irregulares de la fiscal general del Perú, Patricia Benavides, para ayudar a investigados por corrupción, echan sombras sobre su protagonismo en la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, según periodistas de investigación que siguen el caso.

Los señalamientos contra quien es vista por algunos sectores como una heroína por las acciones contra Castillo se basan en cambios que dispuso en el equipo de fiscales, que beneficiaron entre otros a su hermana, Emma Benavides, jueza acusada de supuestos vínculos con narcotraficantes.

“¿Eso es obstrucción a la justicia, o no?”, se preguntó en un editorial el periodista Gustavo Gorriti, cuyo portal de investigación, IDL Reporteros, ha elaborado varios informes al respecto.

Para Gorriti, crítico de Castillo, la intención de Benavides en ese marco es protegerse de posibles acciones en contra y colaborar de paso en un supuesto plan de fuerzas de extrema derecha para quedarse con el poder.

La lectura del periodista, compartida por muchos otros analistas, es que a esas fuerzas les conviene la denuncia constitucional, pues abre paso a una posible suspensión del mandatario en lugar de su destitución, con lo que no serían necesarias unas elecciones generales anticipadas y el Congreso actual podría seguir hasta 2026.

La fiscal Bersabeth Revilla, en ese momento una de las más prestigiosas funcionarias del Ministerio Público, tenía a su cargo hasta agosto la investigación sobre la jueza Emma Benavides, quien, según testimonios, cobraba a narcotraficantes por sus fallos.

Según Revilla, en cuanto Patricia Benavides asumió como su nueva jefa, le pidió archivar el caso porque “mi hermana es inocente”. Como ella se negó, porque tenía numerosos elementos probatorios, Benavides la sacó del caso. Revilla entonces renunció.

Algo similar ocurrió con el fiscal Jesús Fernández, a quien se cambió después de que hubiera reunido material contundente contra Los Cuellos Blancos, una organización de jueces, fiscales y abogados defensores que manejó ilegalmente procesos en los últimos años.

En el caso de Fernández, Benavides aseguró que él ya no estaba interesado en el asunto, mientras en el de Revilla argumentó que la cambió por “baja productividad”, lo que según IDL Reporteros se desmiente con la hoja de vida de la exfiscal, que tuvo a cargo investigaciones emblemáticas.

El escándalo que empezaba a cercar a Benavides se eclipsó con su papel protagónico en torno a Castillo, contra quien la Fiscalía dice tener al menos 190 elementos probatorios de prácticas que implicarían por lo menos tráfico de influencias agravado y colusión.

En un hecho inédito para un presidente en funciones, Benavides presentó la denuncia que ahora está en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, la que tendrá que decidir la próxima semana si la admite a trámite.

Para muchos especialistas, la denuncia no tiene futuro, pues la Constitución señala que solo hay cuatro figuras por las que se puede procesar a un jefe del Estado en funciones: traición a la patria, cierre ilegal del Congreso, impedir unas elecciones o intervenir cualquiera de los órganos electorales.

Para otros, empero, hay una ventana en la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas, pues, al ser el Perú signatario, podría adquirir alcances constitucionales. El debate está abierto.

Si el Congreso, en el que los partidos de derecha dura tienen presencia importante pero no definitiva, acepta la denuncia, podría ocurrir que Castillo sea suspendido con 66 votos (sobre 130 totales) por un tiempo determinado.

Si así pasara, el país tendría un jefe del Estado interino. Como la vicepresidenta, Dina Boluarte, también enfrenta un proceso que puede llevarla a una suspensión, al Palacio de Gobierno iría el presidente del Congreso, José Williams, de la derecha dura.

En ese escenario no habría elecciones anticipadas, pues en teoría Castillo podría salir bien librado del proceso y regresar antes de que expire su mandato en 2026. Eso difiere de la destitución, que potencialmente obliga a unas elecciones anticipadas de las que saldría además un nuevo Congreso.

“Detrás de toda la postiza indignación y la impostada coreografía (de la Fiscalía y la oposición) hay un cálculo frío para tomar el poder: sacar a Castillo, pero que se quede el Congreso”, afirma Gorriti, periodista de investigación con múltiples galardones.

Benavides, contra quien están en marcha denuncias promovidas por personas próximas a Castillo, las que en un caso planteado por el abogado Raúl Noblecilla incluye el cargo de colaboración con el narcotráfico, es defendida entretanto por la oposición y por la mayor parte de la prensa nacional.

Según esos sectores, Benavides es víctima de un plan de desprestigio elaborado desde el Palacio como respuesta a la inédita velocidad con que actúa contra el mandatario y su entorno. La Fiscalía en su conjunto también ha cerrado filas alrededor de su titular, pues dice que está en riesgo su autonomía.

“¿Es parte de esa autonomía el derecho a descabezar investigaciones sobre crímenes graves porque afectan a la familia de la fiscal de la Nación?”, ironizó Gorriti, quien además contrastó la elogiada celeridad en el caso con la tardanza con que actúa el Ministerio Público en otros.

El periodista agregó: “¿Y las otras investigaciones sobre corrupción en el poder? El ultraderechista Rafael López Aliaga acaba de ser elegido alcalde de Lima. ¿Y las investigaciones que lo comprometen en lavado de activos y en ilegalidades descubiertas gracias al caso de los Panamá Papers?”

Para Gorriti, cuestionar a la Fiscalía y a las fuerzas que se benefician de sus decisiones no implica una defensa de Castillo, “presidente incompetente y presuntamente corrupto, cuyas acciones solo han servido para fortalecer a la ultraderecha”.

“Castillo debe irse, pero el Congreso también”, sostuvo el periodista, tras recordar que la pobre aprobación popular al mandatario en las encuestas, que no llega a 30%, triplica a la del Legislativo.

Perú está empantanado desde 2016 por los enfrentamientos entre gobiernos de diverso signo -Castillo es de izquierda, pero no sus inmediatos antecesores- y legislativos con fuerte presencia de la derecha radical, heredera sobre todo de la administración autoritaria de Alberto Fujimori (1990-2000).

La denuncia constitucional de la Fiscalía se basa en la presunta construcción por parte de Castillo y de familiares y amigos suyos de una red para beneficiarse con los contratos para obras públicas y la designación de funcionarios.

Fuente: Telam

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